SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
La asociación de Opositores y Profesores de Canarias ha anunciado este viernes la presentación de un segundo recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación de destinos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, después de que denegara las medidas cautelares solicitadas por el colectivo.
En un comunicado, el colectivo expone que su lucha, tras la "injusticia" de las últimas oposiciones, se ha visto "parcialmente recompensada" después de que la Ley de presupuestos en vigor obligara a la Consejería a recolocar a los aprobados de la oposición a continuación del último integrante que haya trabajado en centros públicos canarios.
La asociación no duda de la "buena voluntad" del Ejecutivo, que ha enmendado parcialmente el efecto de no bloqueo de las listas de empleo, pero siguen reclamando que se restauren los derechos de todos los aprobados de la oposición, pues hay un elevado número de docentes que desconocen si podrán resultar adjudicatarios de una de las miles de vacantes temporales en la enseñanza pública canaria.
Asimismo, advierte de que la suspensión del Decreto 74/2010 supone contravenir el ordenamiento jurídico estatal así como el mandamiento constitucional para el acceso a la función pública.
Por ello, exige al Gobierno que establezca los mecanismos necesarios para garantizar la participación, en pleno derecho, a los aprobados de la oposición no seleccionados en la adjudicación de destinos del próximo curso escolar 2019/20.
OPCAN recuerda también al Gobierno autonómico que el decreto de ordenación de listas de empleo docente es un texto normativo que el Tribunal Supremo calificó de legal y acorde a la Constitución española en su sentencia contra sindicatos canarios, ya que garantiza que todos los ciudadanos accedieran a la función pública docente en igualdad de condiciones.
Con respecto a la propuesta de que las listas de empleo no tengan que estar vinculadas a los procesos selectivos, OPCAN añade que aun no siendo estrictamente necesaria esta vinculación, tampoco sería legal promover, bajo cualquier fórmula, un "blindaje" de las listas de empleo, por lo cual, la consejería competente en la reforma del decreto debe garantizar que el acceso a las listas de empleo sea igualitario para todos los ciudadanos.
