LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios acordaron hoy cambiar el proyecto de ley del Gobierno de Canarias, de modificación de la Ley de Vivienda, con el fin de impedir la urbanización de suelo rústico aislado. Entre otras novedades acordadas por la ponencia, que analizó las 32 enmiendas presentadas por CC, el PSC y el grupo Mixto; destaca la creación de un censo sobre la demanda de vivienda protegida. El portavoz del PSC en la materia, José Alcaraz, anunció que mantendrá su oposición a que se emplee esta modificación de la norma legislativa en materia de vivienda para cambiar otros aspectos de la Ley de Directrices de Ordenación y del Turismo, que apoyan CC y el PP.
La ponencia terminó hoy el informe sobre la iniciativa de la Consejería regional de Antonio Castro. Con este proyecto legislativo se modifica la Ley Territorial de Vivienda para así poder urbanizar suelo rústico. Con ello se pretende afrontar la escasez de terrenos para la construcción de viviendas protegidas. Se aceptaron 22 propuestas alternativas con las que se modifican, además de ley de Vivienda, la del Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales y la de las Directrices de Ordenación General y del Turismo. Tras su paso por la comisión correspondiente, el proyecto de ley destinado a afrontar la escasez de suelo para la construcción de viviendas oficiales será aprobado definitivamente, por el pleno del Parlamento, la próxima semana.
José Alcaraz informó que, entre las modificaciones más importantes acordadas por la ponencia, destaca la posición unánime para suprimir la posibilidad del Ejecutivo para edificar viviendas en suelo rústico aislado. También se decidió incrementar los poderes del presidente del Instituto Canario de la Vivienda, que es el consejero autonómico, al decidir que será el encargado de la contratación y de la representación del instituto.
Se establece el 30 de julio de 2006 como fecha límite para la clasificación de suelo rústico aunque los planes municipales no estén adaptados al Texto Refundido. Cuando el sistema de ejecución de viviendas protegidas sea privado, el promotor deberá depositar una garantía del 15 por ciento del coste estimado de la obras de urbanización, antes de comenzar con las mismas. En caso contrario, se procederá a la sustitución de la ejecución privada por una ejecución pública de cooperación.
El portavoz del PSC resaltó el acuerdo para la creación de un censo sobre la demanda de la vivienda protegida por parte del Instituto Canario de la Vivienda, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
La única discrepancia sin resolver en la ponencia se refiere al apoyo del PP a una enmienda de CC para aprovechar esta iniciativa legislativa de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda para cambiar también la Ley de las Directrices de Ordenación General y del Turismo. Alcaraz anunció que el PSC no rechaza el contenido de los cambios que se pretenden introducir sino la vía empleada. Para los socialistas, no se puede aprovechar la modificación de la Ley de Vivienda para cambiar una ley posterior como la de las directrices. José Alcaraz considera que el Gobierno canario debe presentar un proyecto de ley de medidas urgentes.
Con las modificaciones a la norma de las directrices se suprime la prohibición de continuar con la tramitación de los planes territoriales y urbanísticos cuando afecten a servicios esenciales.
También se elimina la exigencia de cinco viviendas por hectárea en un asentamiento rural.
