SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Canarias rechazó hoy con los votos en contra de CC y PP una proposición no de ley del PSC-PSOE en la que se instaba al Gobierno de Canarias a habilitar un crédito especial en el Presupuesto de 2009 para acometer una línea de subvención específica de un millón de euros, que permita a los ayuntamientos costeros mejorar los servicios de vigilancia y protección de las playas ante la próxima temporada.
El diputado socialista Julio Cruz, autor de la proposición de ley, recordó que el Parlamento regional se pronunció mediante la Ley territorial 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, estableciendo en el artículo 18.5, refiriéndose al derecho a la seguridad del usuario turístico, que con el horario y en las playas que reglamentariamente se determine, existirá un servicio de socorrismo y señales sobre la peligrosidad del mar en cada momento; asimismo, el artículo 66 establece que los municipios, en las playas que reglamentariamente se determine, establecerán un servicio de vigilancia y socorrismo.
El socialista informó además de que en Canarias hay 1.583 kilómetros de costa y más de 150 playas, "siendo un destino turístico clave, entre otros motivos, por la actividad que se efectúa en el entorno playero y acuático en general", matizó.
El socialista apuntó que el Gobierno de Canarias, previo informe favorable de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias, con asistencia de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), a propuesta conjunta de los consejeros de Presidencia e Innovación Tecnológica y de Turismo y Transportes, aprobó el Decreto 98/2003, de 21 de mayo, de medidas mínimas de seguridad y protección que han de cumplir las playas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Siete meses después, según Cruz, mediante el Decreto 289/2003, de 9 de diciembre, el Gobierno de Canarias suspendió la entrada en vigor del mencionado Decreto, regulador de las medidas mínimas de seguridad y protección que han de cumplir las playas de la Comunidad Autónoma de Canarias argumentando que "se ha detectado que en su contenido hay ciertas prescripciones que precisan modificación al objeto de contemplar su aplicación a todas las playas de Canarias cuyas diferentes características dificultan la aplicación del tratamiento uniforme que el Decreto prevé; debiendo, además, armonizar sus previsiones con las competencias estatales y municipales".
En esta tesitura, el diputado del PSC-PSOE lamentó que pese a que han pasado más de cinco años desde la fecha en que quedó suspendido el Decreto de seguridad de playas, hasta la fecha el Gobierno de Canarias no ha efectuado acción alguna al respecto de potenciar las medidas de vigilancia y seguridad en las playas de Canarias. En esta tesitura, el Grupo Parlamentario Socialista considera urgente acometer esta acción para favorecer la seguridad de las personas que viven y visitan Canarias, "máxime cuando es competencia del Gobierno de Canarias la ejecución del salvamento marítimo en aplicación del vigente Estatuto de Autonomía de Canarias".
Desde las filas populares, el diputado Sigfrid Soria recalcó que las competencias de vigilancia y protección de las playas son competencia de los ayuntamientos, aunque "nunca se dotó de medios a los municipios" para asumir esta labor. El parlamentario del PP también recordó que el Gobierno de Canarias que presidió Román Rodríguez puso en marcha "a espaldas de la Fecam" un decreto que fue "una chapuza" y que "tuvo que arreglar" el siguiente equipo de Gobierno, con la popular Maria Australia Navarrro en la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad. Soria insistió en que la derogación de ese decreto "no fue una cuestión partidista" y en que Canarias no tiene competencias en Salvamento Marítimo, aunque recalcó que el Gobierno regional invierte muchos recursos en este concepto. En esta línea, anunció que el voto del grupo popular sería negativo.
Por su parte, el diputado de Coalición Canaria (CC) Manuel Fajardo consideró que la administración autónoma hace importantes inversiones en la seguridad de las playas, pese a que la competencia es municipal. El nacionalista insistió en que el Gobierno regional prioriza la seguridad con la puesta en marcha de la policía canaria, una medida que los socialistas, opinó, "se toman a risa". En esta coyuntura, CC optó por votar en contra de la proposición no de ley socialista.
