SANTA CRUZ DE TENERIFE (EUROPA PRESS)
El Partido Popular (PP) de Tenerife propone diez medidas como alternativa a la Ley de Residencia. En primer lugar, pide la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería del año 2000, para impedir más regularizaciones "masivas", así como el cambio en la legislación sobre el Padrón Municipal. Para que quede prohibido el empadronamiento en España de irregulares, mediante la conexión del Padrón con otras bases de datos, de manera que esté permanentemente actualizado.
En tercer lugar, quieren dar efectividad a los convenios de repatriación existentes y firmar urgentemente los que queden pendientes con países de origen habitual de los inmigrantes, regulando la repatriación y readmisión, de manera que estos convenios cuenten con el consenso de la Unión Europea. La cuarta medida, según el PP, sería priorizar las expulsiones de extranjeros en situación irregular, cuando concurran razones de orden público o seguridad ciudadana. La quinta premisa a seguir es promover una legislación específica sobre los inmigrantes menores de edad no acompañados, que ésta facilite su retorno. E insta a la Fiscalía a aprobar una nueva circular en la materia, vistos los problemas que ha acarreado la suspensión de la anterior orden, que sí permitía la devolución de menores.
En sexto lugar, crear centros de formación y de acogida para menores en los países de origen, con los fondos de Cooperación Internacional de la Unión Europea. El séptimo paso para los populares es dotar a Tenerife de unidades de control de fronteras marítimas, con los avances tecnológicos precisos (implantación, en definitiva del SIVE en la Isla) e incrementar la dotación de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los aeropuertos, facilitándoles los instrumentos más avanzados que permitan una actuación eficaz.
La octava iniciativa popular es implantar medios tecnológicos que permitan que opere un Sistema Integral de Información y una Red de Información coordinada con organizaciones de seguridad como la INTERPOL o la EUROPOL. En noveno lugar se pide que se garantice el funcionamiento permanente de la Agencia FRONTEX en aguas internacionales, con implicación de todos los países de la Unión Europea en sus cometidos.
En último lugar, la línea de trabajo idónea para el PP pasaría por incrementar los recursos de cooperación al desarrollo en los países de origen de los inmigrantes irregulares y contribuir a la mejora de las condiciones de vida y la formación profesional de sus ciudadanos. Pero condicionando el nivel de ayudas que perciban los países, al grado de cumplimiento en materia de control de fronteras.
