LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Partido Socialista Canario recuerda a la Consejería de Educación que la Ley Canaria de Becas, aprobada en 2003 por unanimidad del Parlamento, plantea en su artículo 8 la obligación del Gobierno regional de abonar en el plazo de los tres primeros meses de cada curso académico las becas a los universitarios canarios. Sin embargo, al finalizar el curso 2005/2006 aún no han sido abonadas, con lo que las familias que necesitan esa ayuda no se han visto compensadas por el Gobierno regional, al que los socialistas conminan a hacer efectivo el pago antes de que culmine el mes de julio.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario en el área de Educación, Dolores Padrón, recrimina al presidente del Gobierno que, desde el año 2003, no haya tenido la Consejería la capacidad de gestión adecuada para solucionar un problema que atenta contra la política compensatoria de desigualdades al no poder garantizar la igualdad en el acceso a la enseñanza universitaria de todos los canarios.
Dolores Padrón asegura que el PSC ha constado una vez más el doble discurso de Coalición Canaria de anunciar políticas de compensación que, posteriormente, no se hacen efectivas, con el consiguiente perjuicio para aquellas familias canarias que tienen más necesidades.
Con la inacción del Gobierno de Canarias en la política de becas, el gabinete que preside Adán martín favorece la exclusión de las universidades de aquellos alumnos pertenecientes a familias menos pudientes. No es de extrañar que el Consejo Económico y Social de Canarias desvelara recientemente que entre los principales problemas que deben afrontar las Islas está el retraso en Primaria y Secundaria y tener el nivel más b ajo de España en el acceso a Universidades y titulaciones universitarias-
Dolores Padrón recuerda que las becas canarias, igual que sucede en otras comunidades autónomas, complementan las que otorga el Ministerio de Educación y que están abonadas desde el mes de enero. Además, y tal y como se recogió en su momento, en la Ley 8/2003 de Becas que estas ayudas tendrían más en cuenta las necesidades económicas de las familias que el expediente académico.
Esta inacción del Gobierno a la hora de abonar las becas contrasta con la diligencia que demostró María del Mar Julios cuando fue diputada en el Congreso y consiguió introducir una enmienda gracias a la cual se permitía subir el precio de las matriculas universitarias en Canarias hasta llegar a la media nacional, sin tener en cuenta las especificidades que existen en las Islas a la hora de tener los salarios muchos más bajos que en el Península.
Por ello, Padrón afirma que aumentar el precio de las matrículas, siempre por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC), sin que esa medida vaya acompañada de una política de becas autonómicas que atienda realmente a la necesidad de las familias y alumnos/as canarios/as, es una traba más que el Gobierno de Canarias pone al acceso de los estudiantes canarios, en igualdad de oportunidades, a la Universidad.
Es más, medidas como ésta solamente favorecen a aquel alumnado proveniente de familias adineradas y que puede permitirse el lujo de suspender y repetir reiteradamente asignaturas y cursos, pues nunca tendrán problemas a la hora de abonar el precio de la matrícula que dictamine el Gobierno.
Una vez más se constata la incapacidad del Gobierno a la hora de hacer efectivas leyes que pretenden hacer más igualitario el acceso a bienes como la Educación o la Sanidad, que son fundamentales para los canarios.
