23 de enero de 2020
  • Miércoles, 22 de Enero
  • 3 de junio de 2009

    El PSOE canario asegura que el Gobierno regional boicotea la aplicación de la Ley de Dependencia en las islas

    LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

    La diputada socialista en el Parlamento canario, Francisca Luengo, ha asegurado hoy que el Gobierno regional boicotea la aplicación de la Ley de Dependencia en las islas, ya que afirmó que el personal encargado de especificar el grado de dependencia de los pacientes "está tardando 22 meses" en realizarlo.

    "La peor discriminación que se puede llevar a cabo hacia los discapacitados en Canarias es precisamente la que aplica su Gobierno --en relación al presidente canario, Paulino Rivero--, que es boicotear la Ley de Dependencia", criticó Luengo en nota de prensa.

    Asimismo, calificó de "desfachatez" el hecho de que Rivero acuda a los centros de personas con discapacidad "ocultando que su Gobierno, con la connivencia del PP, está retrasando todo lo que puede la aplicación de esta Ley para su guerra particular contra el presidente Zapatero".

    Luengo puso como ejemplo que "los equipos están tardando 22 meses en reconocer el grado de dependencia y realizar los Planes Individuales de Atención".

    En este sentido, exigió a Rivero que "obligue" a la consejera canaria de Bienestar Social, Inés Rojas, a invertir "cuanto antes los 12'9 millones de euros que le ha dado el Gobierno de Zapatero para aplicar la Ley de Dependencia en Canarias, una comunidad autónoma que es la segunda por la cola en la aplicación de la Ley y que suspende estrepitosamente en la comparación con el resto de España".

    Además, Luengo señaló que los socialistas han "seguido muy de cerca" la gestión que la consejera ha realizado respecto a dicho norma "y no queda lugar a dudas" que al "no haber dictado el Decreto de reconocimiento del derecho a las personas grandes dependientes en 2007 (grado 3 niveles 1 y 2) sino en 2008, la consejera es responsable por el funcionamiento anormal" de los servicios públicos.

    Por ello, apuntó que los familiares "tendrán que exigir ahora responsabilidad patrimonial" a Bienestar Social "concretado en los daños y perjuicios que se hayan producido por la dejadez en la gestión".

    La diputada socialista indicó que actualmente familiares y usuarios "viven una tremenda frustración viendo cómo pasa el tiempo y siguen, como siempre, sin percibir los buenos efectos de la Ley sino la indiferencia de la consejera y del Gobierno --regional-- a los que no parece importarles tanto sufrimiento humano".