LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista pedirá en la sesión plenaria prevista para esta semana que la Cámara inste al Gobierno canario a solicitar al Ejecutivo central que adopte urgentemente las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de tasas judiciales y que garantice que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial.
En un comunicado, el PSOE explicó que su portavoz, Manuel Fajardo Palarea, será el encargado de defender la iniciativa, registrada como proposición no de ley y a través de la que se recuerda que en noviembre pasado, el Senado aprobó el proyecto de ley el por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
El diputado explicó que este proyecto, remitido por el Gobierno de España a la Cámara el 2 de agosto, "induce a pensar en un evidente afán de ocultación a los ciudadanos" y señaló que ha tenido una "tramitación de vértigo", al tiempo que sostuvo que su contenido constituye "una muestra más de la voluntad del Gobierno de llevar a cabo un vaciado de los servicios públicos esenciales".
Fajardo Palarea recordó que la ley de supresión de las tasas judiciales erradicó de nuestro ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial para propiciar que todos los ciudadanos pudieran acceder a la justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social.
"La Ley aprobada por las Cámaras con la mayoría absoluta del PP --dijo--, sin aceptar ninguna propuesta de los grupos parlamentarios y como verdadera contrarreforma de la Ley 25/1986, extiende, contra el criterio del Grupo Socialista, el pago de tasas judiciales a toda persona natural y jurídica y a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso administrativo y social".
Por último, el parlamentario socialista hizo especial hincapié en que el objetivo recaudatorio que persigue esta ley "es desproporcionado con la limitación del derecho de acceso a la justicia y puede convertirse en un obstáculo impeditivo para la obtención de tutela judicial efectiva", por lo que instó al resto de grupos parlamentarios canarios a apoyar la propuesta.
