LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó anteayer un reconocimiento extrajudicial de crédito para poder pagar las deudas que la corporación tiene contraídas con numerosos proveedores, la mayoría de ellas adquiridas sin que el gasto estuviese consignado en los presupuestos con carácter previo y heredadas de los gobiernos municipales anteriores.
Por ese motivo Nueva Canarias (NC) votó en contra del reconocimiento, que asciende a 1.733.337 euros y finalmente fue acordado con el apoyo del Centro Canario (CCN), Partido Popular (PP) y los dos concejales que antaño gobernaron junto a los populares, la actual alcaldesa Concepción Narváez (PSOE) y el edil Francisco Guedes, ahora fuera de las filas socialistas.
El portavoz de los nacionalistas, José Juan Santana, reconoció la necesidad de abonar las deudas, pero negó el respaldo de su formación porque esas facturas son producto de una "forma irregular y sistemática de gobernar en la que no queremos vernos involucrados", explicó. También aclaró que no comparte la parte política de esas decisiones y se responsabilizó sólo de las cuentas que atañen a NC, que según Santana si se realizaron con cargo a los presupuestos.
Con este planteamiento evitó entrar en polémicas con el líder de los populares, Marco Aurelio Pérez. El edil señaló que esas actuaciones se debieron a motivos de urgencia y problemas en la tramitación, e incluso esbozó la posibilidad de votar también en contra. "Pero sería kafkiano y paralizaría aún más este Ayuntamiento", apuntó Pérez antes de asegurar que el apoyo de su equipo supone "vidilla" para el gobierno, "porque van a poder pagarle a los proveedores", espetó.
Esta insinuación sentó mal a Santana. "Si alguien nos ha dejado con el culo al aire han sido ustedes, pero no queremos polemizar", replicó el concejal para marcar un camino que también siguieron sus compañeros, pues tanto Narváez como Esteban Valido (CCN) evitaron hurgar en la controversia, aunque el centrista reprochó a sus socios no haber analizado en profundidad las facturas para adoptar un planteamiento común. "No estoy de acuerdo con la postura de Santana, dijo Valido. Luego apeló a la responsabilidad para aprobar el pago de las facturas, porque "tampoco nosotros hemos seguido procedimientos incorrectos".
Al final del pleno, que fue presenciado por decenas de alumnos del instituto Támara para conocer su funcionamiento, el propio Santana reconoció que todavía quedan más de dos millones de euros en facturas irregulares por reconocer, cantidad que en su mayoría habrá de ser abonada a la empresa Perfaler (1.800.000), debido a una modificación del contrato por el que gestiona los aparcamientos de zona azul en el municipio, que fue realizada en el mandato anterior.
