Santa Cruz de Tenerife, 18 Ago. (EP/IP) -
La segunda exigencia del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, con los Presupuestos Generales del Estado de 2008 depende de las reformas estatutarias ya aprobadas o pendientes de tramitación, como la del Archipiélago. Rivero reclama al Ejecutivo estatal de José Luis Rodríguez Zapatero la urgente modificación del sistema de financiación autonómica pero ésta está condicionada por los nuevos textos estatutarios. La tramitación de las reformas de Canarias, Castilla-León y Castilla-La Mancha se retomará a mediados del próximo mes de septiembre y las Cortes Generales se disolverán a finales de diciembre por las elecciones generales.
La negociación sobre la modificación del sistema de financiación autonómico forma parte de un proceso más amplio de reforma de los estatutos de autonomía, según el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Angel de la Fuente, y la economista y profesora de la Universidad Pompeu Fabra, María Gundín.
Los nuevos estatutos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares y Aragón, como los que esperan a que se retome su tramitación, es decir, Canarias, Castilla-León y Castilla-La Mancha; contienen títulos de Hacienda que,"en alguna medida, intentan condicionar el nuevo sistema de financiación y otras políticas estatales".
Esta afirmación se recoge en el trabajo de los dos expertos anteriormente citados sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, su situación actual, sus perspectivas y las propuestas de reformas estatutarias.
Tal y como recuerdan, el más importante es el texto catalán, donde se recoge un pacto entre el PSOE y los principales partidos de dicha Comunidad Autónoma para fijar elementos importantes del futuro sistema de financiación autonómico.
Canarias, en su reforma de Estatuto, plantea fórmulas de financiación basadas en las necesidades de gasto, sin referencias a la capacidad fiscal o límites explícitos a la redistribución entre las regiones. Cada territorio, agregan los autores, establecen criterios diferentes de reparto siempre favorables a su comunidad autónoma.
En la propuesta del Parlamento canario se introduce la ultraperificidad y la lejanía, las características diferenciadas de la economía regional y la insularidad y la fragmentación territorial, donde coincide con Baleares. Los nuevos textos, según estos expertos, apuntan también a la creación de 15 consorcios regionales, que supondría la fragmentación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Gundín y De la Fuente concluyen que esta proliferación de planteamientos dificulta la articulación de un nuevo sistema de financiación coherente. Pero además se añade la incertidumbre existente acerca de la capacidad del Congreso de los Diputaos y el Senado para que, en el último tramo de la legislatura estatal del próximo mes de septiembre a diciembre, puedan aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y las dos castillas.
Esta situación dificulta, y prácticamente impide, que se cumpla la segunda prioridad de Paulino Rivero en los PGE de 2008, es decir, la urgente modificación del sistema de financiación. El partido del presidente regional, Coalición Canaria (CC) calcula que, entre 2002 y 2007, Canarias ha perdido 942,5 millones de euros en la financiación autonómica, principalmente la evolución demográfica no contabilizada en los últimos cinco años.
