16 de octubre de 2019
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  • 14 de marzo de 2009

    Sólo una de las licencias para las extracciones en las 6 canteras de Güímar (Tenerife) tiene 'fecha de caducidad'

    SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

    Sólo una de las seis canteras autorizadas, por la Dirección General de Minas del Gobierno de Canarias, en Güímar (Tenerife) cuenta con una licencia que fija su fecha de cierre, concretamente en el 2014, mientras, otras dos tienen abiertos contenciosos administrativos sin fecha de resolución, y las tres restantes están autorizadas hasta "el agotamiento de recursos".

    Así lo han explicado desde la Consejería de Empleo, Industria y Comercio a Europa Press. Estas mismas fuentes han indicado que la cantera de Badajoz, Fregenal y Badem están autorizadas para sacar la piedra hasta el agotamiento de los recursos, mientras que la de Los Llanos tendría permiso hasta el 2014. Por otro lado, Extracsa y Agache están 'resolviendo' en los tribunales sus permisos y "no se sabe cuándo podría concluir su licencia".

    A pesar de estos datos, los tribunales han procedido a la clausura total de las instalaciones que han sido foco de conflicto entre vecinos, empresarios y ayuntamientos. En este sentido, ha sido la actual corporación güimarera la que ha no sólo instado al cierre de la última zona de extracciones, sino que ha acordado con el Cabildo de Tenerife que la zona denominada como los Barrancos de Güímar no sea contemplada como ámbito extractivo en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT).

    En cuanto a posibles indemnizaciones a los empresarios, tanto fuentes jurídicas como municipales, han explicado que "nunca tendrían tal obligación, porque nunca se ha incluido las zonas extractivas dentro del ordenamiento [urbanístico] de Güímar, ni tampoco han contado nunca con licencia municipal".

    No obstante, la situación en la que han quedado los barrancos del valle de Güímar tras años continuados de extracciones sin ningún tipo de restauración ha provocado que lugareños, encabezados por el concejal de Alternativa por Güímar Francisco Hernández, hayan acudido a los tribunales para presentar una denuncia por un delito medioambiental "no para que los empresarios vayan a la cárcel, sino que paguen la restauración de sus bolsillos", criticaba recientemente.

    El último paso que se había dado en esta investigación y denuncia había sido el 2 de enero en donde se dio registro a la solicitud de un informe por parte de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) con una valoración sobre los daños paisajísticos causados en las canteras en donde hay hoyos de hasta 100 metros de profundidad.

    Desde la Apmun, han explicado a Europa Press que existen unas diligencias previas del año 1995 y en las que la agencia "emitió informe técnico en el 2007 y le fue remitido al juzgado junto con el expediente". "En Septiembre de este año, se reitera la petición y ha habido contactos con el juzgado para ver qué es exactamente lo que solicitaban. Se ha contestado remitiendo nuevamente el informe y actualizando la información que se ha producido a posteriori del primer envío", concluyen desde la Apmun.