LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado de la provincia de Las Palmas ha pedido siete años de cárcel e inhabilitación para cargo público durante 11 años para el ex director general de Industria y principal acusado del 'Caso Eólico', Celso Perdomo (PP), por los presuntos delitos de violación de secretos, cohecho y malversación de fondos públicos.
El fiscal Anticorrupción Luis de Río ha remitido su escrito de conclusiones provisionales al juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Angel Parramón, en relación a esta presunta trama de corrupción que se destapó en el archipiélago en febrero de 2006 tras la denuncia de un empresario por supuestas irregularidades en el concurso de energía eólica convocado por el Gobierno de Canarias con Luis Soria como consejero de Industria.
El fiscal, que interesa la apertura de juicio oral ante un tribunal de jurado, pide en concreto para Celso Perdomo, por la acusación de violación de secretos, dos años de prisión, inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo (presentarse a unas elecciones) durante el mismo tiempo e inhabilitación especial para todo empleo o cargo público en la administración autonómica local o del Estado por cinco años por el presunto delito de violación de secretos.
En cuanto al supuesto delito continuado de cohecho, el Ministerio Público pide para él dos años de cárcel e inhabilitación para cargo público durante seis años y multa de 300.000 euros. Por el también presunto delito continuado de malversación de caudales, solicita tres años de prisión, inhabilitación durante el mismo tiempo, suspensión de todo empleo público durante tres años y multa de cuatro meses con cuota diaria de 200 euros.
Asimismo, la Fiscalía pide para la novia de Perdomo, Mónica Quintana, tres años y seis meses de prisión un presunto delito de cohecho y otro continuado de malversación, así como una multa de 60.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de once meses por el primer delito y, por el segundo, suspensión de todo empleo o cargo público durante un año y multa de cuatro meses con una cuota diaria de 200 euros.
Para el entonces jefe de área de la Consejería de Industria, Honorato López, el fiscal pide por un delito continuado de cohecho dos años de prisión, inhabilitación especial para todo empleo público durante seis años y multa de 200.000 euros con una responsabilidad personal subsidiaria de once meses.
LAS PENAS PARA EL ABOGADO Y LOS EMPRESARIOS.
El Ministerio Público pide, además, para el abogado Alfredo Briganty, un año y seis meses de prisión y multa de 150.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de once meses como coautor de dos presuntos delitos de cohecho.
Para el empresario Enrique Guzmán, la Fiscalía pide un año y seis meses de prisión y multa de 180.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de once meses también por dos presuntos delitos de cohecho. Igualmente, para el empresario José Ignacio Esquivel pide por los mismos delitos la pena de un año y seis meses de cárcel y multa de 150.000 euros con la misma responsabilidad personal.
RESPONSABILIDAD CIVIL.
La Fiscalía considera también que debe procederse al comiso de los 23.452 euros entregados supuestamente por Enrique Guzmán a Celso Perdomo y Mónica Quintana y de los 12.700 euros entregados presuntamente por Alfredo Briganty y José Ignacio Esquivel también a Perdomo y a Quintana.
En concepto de responsabilidad civil, el fiscal exige la entrega al Gobierno de Canarias de los libros encontrados en el domicilio de Celso Perdomo en la capital grancanaria.
LOS HECHOS DEL CASO.
En su escrito de calificaciones, el fiscal recuerda que en octubre de 2004 se convocó el concurso público por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Ejecutivo regional para la asignación de potencia en la modalidad de instalación de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios.
Además, según recoge el escrito de conclusiones, Celso Perdomo valiéndose de su cargo de director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, "facilitó" información que "no debía ser divulgada" a personas interesadas en el citado concurso.
Sin embargo, Perdomo con la "intención de obtener un beneficio" económico, contactó con representantes de diversas sociedades para "favorecerles" en la adjudicación de parques eólicos "a cambio de determinadas cantidades de dinero". Tras conocerse esta práctica, por parte de Perdomo, es cesado como director general de Industria y Energía.
Posteriormente, Perdomo contactó con el entonces jefe de Área de la Consejería de Industria Honorato López con quien acordó que éste "hiciera lo posible" para conseguir la adjudicación de los proyectos de diversas empresas "a cambio de dinero". De esta forma, Perdomo jugaría el papel de intermediario entre López y los representantes de las empresas implicadas.
Mientras tanto el concurso se anula pero Perdomo y López pactan mantener los acuerdos, ya que preveían que debía convocarse un nuevo concurso, con el objeto de favorecer a Enrique Guzmán López en la futura convocatoria fotovoltaica.
Por último, el escrito recoge que Perdomo, ostentando aún el cargo de director general de Industria del Gobierno canario "se apropió de libros con cargo de dinero público".
