La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas suspende por segunda vez el juicio contra D.J.M.P.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
La abogada del acusado de intentar secuestrar a dos niñas en Las Palmas de Gran Canaria y en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, al sureste de la isla --a quienes presuntamente intentaba introducir por la fuerza en su furgoneta blanca--, solicitó hoy la nulidad parcial del proceso durante el juicio por "defectos importantes" en las actuaciones.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas suspendió hoy por segunda vez el juicio contra D.J.M.P., acusado de dos presuntos delitos de detención ilegal, otro presunto delito de abuso sexual y una falta de lesiones, por los que la Fiscalía pide imponerle la pena de 12 años de cárcel.
La letrada de la defensa, Josefina Navarrete, solicitó la nulidad parcial de las actuaciones al considerar que la Guardia Civil remitió al Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana, encargado de investigar el caso de Vecindario, la denuncia de una menor sobre unos hechos ocurridos el 21 de diciembre de 2006 en Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de que el juez de este partido judicial no era el competente y "no se llamó a declarar a la víctima ni al imputado" sobre tales hechos.
Navarrete explicó que dicha denuncia se acumuló al procedimiento principal pero el juez de instrucción "en aquel momento no llamó a declarar a la víctima, no le hizo ofrecimiento de acciones, no tomó declaración al imputado sobre esos hechos y, por lo tanto, le privó de la oportunidad de defenderse" del presunto delito de intento de secuestro.
Agregó que, "de hecho, hay una diligencia que dice que la denuncia de la menor de 2006 se remite al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria", por lo que se desconoce si éste "tiene otra causa abierta u otro imputado, si la sobreseyó o si la está todavía investigando".
De ahí que entiende que ha habido un "error en el procedimiento que ha causado indefensión tanto al acusado como a la víctima, por lo que procede la nulidad", puesto que asegura que en este caso "nunca se llamó declarar" a la chica en el Juzgado de Instrucción, "no se le ha pedido que se persone si quiere para reclamar una indemnización y no se han hecho diligencias de investigación ni rueda de reconocimiento, ni se ha hecho toma de huellas".
La abogada, que pide la libre absolución para su cliente, señaló que "con su mejor intención" la Guardia Civil cuando detuvo a D.J.M.P. en agosto de 2007 recuperó "todas las denuncias por hechos similares en la capital grancanaria y las acumuló al procedimiento" que se estaba instruyendo en San Bartolomé de Tirajana.
"Por alguna razón el juez de San Bartolomé se le pasó darse cuenta de que una de esas denuncias correspondía a un Jugado de Las Palmas y se le pasó también seguir los trámites para la instrucción de esas diligencias", por lo que el primer conocimiento que tiene el acusado de que "le acusan de un hecho sucedido en diciembre de 2006 en Las Palmas es cuando recibe la calificaCón del fiscal y se da cuenta de que le piden una serie de años por un delito que hasta esa fecha nadie le había nombrado".
EL ACUSADO NO ACUDIÓ AL JUICIO ANTERIOR POR "DEPRESIÓN".
El acusado, que se encuentra en libertad y hoy acudió al edificio judicial acompañado por su abogada, no asistió el pasado 12 de junio al juicio, que fue suspendido por la Sala a petición de su letrada, quien presentó un certificado médico que atestiguaba la enfermedad por depresión de su cliente, que no se presentó en aquella ocasión ante el tribunal.
La abogada declaró entonces a los medios que D.J.M.P. ha estado sometido a un "enorme estrés" desde que fue detenido y que él "está convencido de que es inocente". Asimismo, Navarrete apuntó hoy que su patrocinado "está deseando que termine cuanto antes" el juicio, pues está sufriendo "una presión importante", a pesar de que la Fiscalía pueda interpretar que la petición de nulidad planteada sea "para demorarlo".
Al entender de la letrada, "las ganas de que termine pasan a un segundo término" y cree que "las garantías procesales son ineludibles y, por desgracia, aunque perjudique y ocasionen un trastorno y demora al acusado, a las víctimas, a los testigos y a los forenses, la función de la defensa es ésa y si en lugar de estar hablando de este delito fuera de cualquier otro" lo habría "hecho igual", aseveró.
INTENTABA INTRODUCIRLAS EN SU FURGONETA BLANCA.
Por su parte, madres y familiares de las niñas que debían declarar como testigos mostraron su indignación ante la nueva suspensión del juicio y reclamaron justicia.
Según el escrito del fiscal, el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, se encontraba sobre las 07.55 horas del 21 de diciembre de 2006, en la calle Doctor Chil, en la capital grancanaria, cuando, "con ánimo lúbrico", se dirigió hacia una joven, que paseaba por allí. "La agarró por detrás y le tocó los pechos al tiempo" que le decía "qué rica estás", precisa el escrito.
Añade que al mismo tiempo trataba de llevarla hacia su furgoneta blanca de la marca Volkswagen, modelo Multivan, que se encontraba allí aparcada. Si bien "la resistencia ofrecida por la chica impidió que el acusado llevara a feliz de término su propósito inicial", añade el escrito.
De otro lado, sobre las 22.30 horas del día 27 de agosto de 2007 el mismo acusado "nuevamente con el claro propósito de atentar contra la libertad ambulatoria" se acercó a otra niña, entonces menor de edad, que se encontraba yendo por la calle Zonzamas, en la zona de Vecindario hacia su domicilio. En ese momento D.J.M. "la agarró fuertemente de los brazos y de los hombros al tiempo que trataba de introducirla contra su voluntad, en la furgoneta blanca que había aparcado a escasos metros".
Sin embargo, la niña logró "zafarse y eludir la acción" del procesado, quien, como consecuencia de su intento, ocasionó a la chica lesiones consistentes en una leve contractura en el hombro derecho y dolores en hombros y cuello.
Así, en relación al supuesto intento de rapto de la primera chica, el Ministerio Público pide 4 años de prisión al procesado por un presunto delito de detención ilegal intentado y tres años de cárcel por un presunto delito de abuso sexual.
Por el segundo intento de rapto el fiscal pide 5 años de cárcel y por la falta de lesiones dos meses de multa a razón de seis euros de cuota diaria. Además, la acusación pública pide en concepto de responsabilidad civil una indemnización a la primera joven la cantidad de 90 euros por las lesiones causadas.
LOS FAMILIARES SE PREGUNTAN "QUIÉN PAGARÁ LAS LÁGRIMAS" DE LAS VÍCTIMAS.
Por su parte, Candelaria González, madre de la niña de 16 años de edad de Vecindario, y que iba a declarar como testigo, denunció que el acusado persiguió a su hija durante un año y "sabía todos sus movimientos". En la tercera ocasión "forcejeó" con su hija y fue en ese momento cuando le cogieron y lo entregaron "a la justicia", relató.
González admitió que sabía que se iba a suspender el juicio porque "su abogada tiene que buscar mil y una estrategias para sacar a él de lo que merece que es la cárcel". Denunció que él llegó "tranquilo y relajado al juzgado porque sabía que se iba a suspender" mientras que las niñas "se van una vez más a llorar a casa".
"Es injusto totalmente porque esas lágrimas no las va a pagar él ni nadie. Esperemos que en una próxima cita por fin cumpla, y, a pesar de que quiere evadir la justicia, él es culpable y tiene que pagar por ello", apostilló González, para quien "un abogado tiene que defender a su cliente, pero a veces uno defiende lo indefendible". Se preguntó "quién va a defender el sufrimiento de estas niñas", algo en lo que coincidió Benedicta Alemán, madre de una tercera joven víctima de intento de secuestro.
