La empresaria local María Luz Navarro insiste en que efectuó un pago ilegal de 6.000 euros
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez instructor del 'Caso Faycán', Javier García, ha añadido la imputación por un presunto delito de prevaricación al ex alcalde de Telde, Francisco Valido, que ya estaba imputado por cohecho, cargo que el magistrado mantiene a la denunciante de la presunta trama de corrupción, María Luz Navarro, quien ratificó hoy su denuncia y se negó a contestar las preguntas de los abogados de la defensa.
El ex primer edil del municipio grancanario declaró durante más de una hora ante el magistrado, el fiscal anticorrupción de la provincia de Las Palmas, Luis del Río, y cerca de una decena de abogados en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Telde.
La representante de Servicios Comunitarios de Telde, María Luz Navarro Montesdeoca, ratificó su declaración del 2 de agosto de 2005 en la que reconoció haber efectuado un pago ilegal de 6.000 euros a Francisco Gordillo, asesor de la entonces concejala de Obras Públicas, María Antonia Torres --principal imputada en el caso-- para poder cobrar una certificación de unas obras de arrelgo de aceras que el Consistorio le había asignado en calles del barrio de El Calero, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
No obstante, la empresaria, que accedió por una puerta trasera del edificio judicial para evitar a los medios de comunicación, se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de los ocho abogados de las diferentes partes personadas en el caso.
Navarro admitió que la cantidad que "tenía que abonar era de 19.774 euros", que era el 20% del presupuesto total de la obra, pero sólo abonó 6.000 euros en abril de 2004.
No obstante, el juez le preguntó por qué si abonó en el 2004 denunció los hechos un año después, a lo que contestó que acudió a la Policía Nacional "a los pocos días de pagar" y estuvo recabando información documental hasta que se firmó la declaración, ya que el local donde guardaban los documentos había sido forzado y le habían robado todas las carpetas archivadoras, libros y manuales de asistencia técnica.
VALIDO CULPA AL INTERVENTOR Y AL EX CONCEJAL DE HACIENDA.
Por su parte, el ex primer edil, Francisco Valido, admitió que conocía los graves problemas de tesorería que tenía el Ayuntamiento y que el ex concejal de Hacienda, Carmelo Oliva, y el ex interventor municipal, Enrique Orts --ambos también imputados--, le propusieron un plan de pagos a largo plazo mediante convenios entre los provedeores y entidades bancarias, es decir mediante "confirming", además de articularlo también por endosos.
Valido aseguró en su declaración que era Oliva quien ordenaba la forma de pago. De hecho, reconoció que firmaba una relación de empresas al efecto de que tesorería hiciera efectivas las órdenes de pago, pero que dicha relación venía firmada con anterioridad por el interventor, el tesorero y el entonces concejal de Hacienda.
Asimismo, dijo desconocer las empresas que contrataban con el Ayuntamiento como la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda Pérez, Cobra, Mazotti, Planos Gestión y Construcción, Patrimonial Pacific, Gráficas Atlanta, Desra SL, Hermanos Santana Cazorla y Dragados, informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
De igual modo, afirmó que "en absoluto" sabía que el pago a dichas empresas "se hacía con preferencias a otros créditos pendientes" y desconoce por qué a estas sociedades "siempre se hacía por confirming o por transferencia".
GRUPO EUROPA.
Valido también fue cuestionado acerca de las reuniones con la empresa Gestión de Cooperativas Europa, dentro de una investigación que forma parte de la pieza separada número 38 de la instrucción del caso vinculada a supuestas gestiones irregulares de esta empresa, a la que la sociedad municipal de Vivienda y Suelo Urvitel adjudicó la asistencia técnica de dos promociones de viviendas de protección oficial en El Goro.
El ex regidor confirmó su presencia en una reunión con el entonces administrador único de la sociedad, José Manuel Antón, el ex gerente de Urvitel, Juan Carlos Saavedra, la ex consejera delegada de Urvitel, Sonsoles Martín, y el ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez, pero no recordó las intervenciones de este último.
En todo caso, destacó que la "palabra clave" en la reunión es que los expedientes relacionados con Grupo Europa "estaban bloqueados en la Concejalía de Urbanismo", que dirigía en aquella época Guillermo Reyes, de AFV-Ciuca, por lo que dijo en el encuentro que "habría que hablar" con este edil para solventar dichos contratos.
A preguntas del fiscal, incidió en que no se sintió presionado por Jorge Rodríguez por ser compañero del partido "ni por los miembros del Grupo Europa ni por nadie".
Por otro lado, el ex regidor fue preguntado por informes contradictorios entre el tesorero y el interventor municipal, cuestión a lo que confesó al magistrado que se había creado "una situación de enfrentamiento" entre ambos, "tanto es así que en una ocasión el tesorero se oponía al pago de una determinada cantidad que no recuerda y, sin embargo, había un informe contrario del interventor y del concejal de Hacienda".
Preguntado por el juez si no pensó en la posibilidad de pedir un tercer informe a la secretaría general, reconoció que "posiblemente debía haberlo hecho" pero no cayó "en la cuenta".
TÉCNICOS EXTERNOS CON DESPACHOS MUNICIPALES.
Igualmente compareció ante el juez durante una hora aproximadamente la ex concejala de Obras Públicas y Contratación, Sonsoles Martín Jiménez, a quien el juez le mantiene la imputación por un presunto delito de cohecho.
Martín fue interrogada acerca de la relación entre el Ayuntamiento y Santana Cazorla, empresa con la que el grupo de gobierno de PP y AFV-Ciuca suscribió varios acuerdos.
La ex edil ratificó que cuatro técnicos contratados por la empresa fiscalizaban los trabajos de reparación y mantenimiento de las vías p*bulcias que ésta hacía e incluso "tenían sus despachos y sus mesas" en el Ayuntamiento, algo que consultó con un empleado municipal y éste le dijo que "era legal".
Por último, declaró en calidad de testigo, el gerente de la empresa Santana Cazorla, Jaime Pereira González, que fue interrogado acerca del contratao multimillonario firmado entre el Consistorio y la empresa en enero de 2005 para el rebacheo de las carreteras a cambio de 2,1 millones de euros. Este acuerdo fue anulado por la Justicia pro presuntas irregularidades en su adjudicación.
El 'Caso Faycán' estalló el 1 de marzo de 2006 y hasta la fecha ha motivado la imputación de 40 personas y el interrogatorio de más de un centenar. Según fuentes consultadas por Europa Press, las declaraciones de hoy forman parte de la etapa final de la instrucción del caso.
