LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso interpuesto por la Comunidad de Regantes El Chorro Alto y la Comunidad de Regantes Las Ñameras en contra del Plan Territorial Especial de Infraestructuras Viarias de la comarca norte-centro de Gran Canaria, promovido por el Gobierno de Canarias, por considerar que tal decisión "no se ajusta a derecho".
La sentencia, dictada por la presidenta de la Sala Cristina Páez, precisa que el recurso solicitaba la nulidad del acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de 25 de febrero de 2003 por el que se aprobó definitivamente y de forma parcial dicho plan, excepto en el área afectada por el tramo entre San Andrés y Santa María de Guía.
Dicho Plan Territorial fue impulsado de oficio por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Ejecutivo regional, salvo en la zona citada, que se suspende hasta que se realicen nuevos estudios que analicen las afecciones en este tramo de costa, tanto en lo referente al Parque Rural de Doramas y al Baranco de Azuaje, como al entorno del litoral.
Así, el Gobierno autonómico es la parte demandada por las mencionadas comunidades de regantes, y como codemandados figuran los ayuntamientos de Santa María de Guía, Arucas, Firgas, Gáldar, Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo grancanario.
La resolución judicial detalla que el Plan Territorial Especial consta de tres tramos: el tramo I, que abarca desde Tamaraceite hasta la Granja del Cabildo, en Arucas, el tramo II desde este punto hasta San Andrés, y el tramo III, que media entre San Andrés y Santa María de Guía.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
El TSJC ha decidido anular el plan debido a la falta de declaración de impacto ambiental como es preceptiva en el expediente y que estudie las distintas opciones desde el punto de vista medioambiental para adoptar la más acorde con esa protección. Agrega que tampoco puede llevarse a cabo la convalidación por una evaluación del impacto posterior a su aprobación, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo.
Por tanto, se pone de manifiesto que "concurre una causa de evidente anulación del plan, que ha decidido su trazado sin evaluar correctamente su impacto ambiental y el de las alternativas".
La parte denunciante incidió en que el plan carece de previa evaluación de impacto ambiental y "se pretendía volver sobre una vía que ha sido objeto de declaración de impacto desfavorable", así como se replantearon "similares contenidos bajo un envoltorio legal y novedoso y que en apariencia parece trascender a una mayor escala, territorial, en la contemplación del asunto, pero que, en sustancia, no difiere de anteriores planteamientos".
Por otra parte, entre los fundamentos de derecho, se precisa que "no puede aprobarse definitivamente parte de un Plan Territorial de Carreteras poniendo en cuestión la coherencia que habría de tener el Plan en su conjunto".
"Estamos ante un anteproyecto al que se ha denominado y tramitado interesadamente como Plan Territorial Especial, buscando eludir las resoluciones recaídas en otros procesos en forma precipitada", añade la sentencia.
Por contra, el Ejecutivo regional consideraba, según la resolución judicial, que "el propio plan reconoce la existencia de unas afecciones a explotaciones agrícolas que habían sido convenientemente evaluadas".
Entre otras cuestiones, respecto a la declaración de impacto ambiental, el Gobierno canario indica que "nunca se ha tenido la intención por parte del departamento promotor del plan eludir el procedimiento de evaluación de impacto".
ESTABA CONVENCIDOS DE QUE SERÍA FAVORABLE.
A principios de este mes de abril el Gobierno de Canarias y los alcaldes de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria se mostraron convencidos de que iba a ser "favorable" al Ejecutivo la sentencia sobre el recurso al Plan Territorial Especial de Infraestructuras Viarias de la comarca, que incluye la construcción de la carretera Arucas-Pagador, es decir, la variante de Bañaderos. Así lo aseguró en rueda de prensa el viceconsejero de Infraestructuras del Ejecutivo regional, Álvaro Dávila, al término de una reunión con los regidores de los diez municipios norteños, en la que analizaron las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que afectan a dicho proyecto.
Dávila aseguró que "todos" seguían estando de acuerdo en que la variante es "la mejor opción posible" para acabar con el problema del tráfico en el norte de la isla, al tiempo que insistió en que esta opción está sustentada sobre el Plan Territorial que tardó cinco años en redactarse hasta ser aprobado y que contempló hasta 14 alternativas distintas.
