LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
UGT denuncia que en Canarias tan sólo 5 de las 6.300 personas graves dependientes han cobrado las ayudas de la Ley de Dependencia como consecuencia de la falta de personal existente en los servicios sociales, según declaraciones de la secretaria de Igualdad del sindicato y miembro responsable del Consejo Social del área, Manuela Fernández.
A esto añadió que actualmente su evaluación la llevan a cabo 32 personas en cada provincia que, a continuación, reemiten los casos a uno de los 4 equipos técnicos de los que dispone el Archipiélago, que cuentan con 3 personas por equipo (1 médico, 1 psicólogo y 1 asistente social) y que son quienes emiten el informe.
UGT Canarias ha mostrado su preocupación, aseguraron que "todo iba a ser de forma paulatina" y que teniendo en cuenta la lentitud del proceso se terminarán evaluando casos de 2007 en el 2010. Concretamente Fernández recordó que desde que comenzó la presentación de solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia, hace más de un año, "sólo 1.000 personas han sido evaluadas, 200 se encuentran en lista de espera" para recibir unas ayudas que actualmente sólo han obtenido "5 personas graves dependientes".
Por todo ello, el sindicato reclama "sensatez, empezar de nuevo" y exige explicaciones al Gobierno de Canarias sobre "dónde están los 7.900.000 de euros que envió el Estado a nuestra Comunidad Autónoma".
Fernández apuntó que "las personas dependientes deberían haber empezado a percibir en 2007" las ayudas de La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Además puntualizó que se trata de un "retraso evidente" de la misma manera que el decreto de marzo de 2008 que "también es tardío". Además, el secretario general de UGT en Gran Canaria, Juan Francisco Fonte, recalcó que "la directora general de Bienestar Social no sabe de que va esta movida, porque no ha podido y no ha sabido ponerla en marcha".
En este sentido, Fonte propuso como solución que se dote "financieramente a cabildos y administraciones locales para que el sistema que crea la ley de dependencia y este derecho en Canarias pueda ser aplicable". De no ser así consideró que "vamos a estar siempre igual, desde el ejecutivo regional dándole recursos a los ayuntamientos que le interese en función de su color político, que eso también está pasando, y a otros no".
De esta forma se mostró contrario "me parece un gran error" la propuesta que se discutirá este jueves en el Consejo sobre que "la Consejería de Sanidad, a través del Servicio Canario de Salud, sea quien haga informes sobre personas mayores y dependientes graves".
