LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los empresarios acusados de falsificar facturas para cobrar subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico han reparado la deuda y han aceptado nueve meses de prisión que se han sustituido por una multa, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia.
La Audiencia Provincial de Logroño juzgaba hoy, lunes 7 de octubre, a cuatro empresarios, uno de una empresa de publicidad (Contrabriefing) y tres de una empresa de calzado de Arnedo (Fluchos y Main Style) acusados de emitir facturas engordadas para cobrar ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico (ADER).
Los empresarios han abonado las cantidades de dinero íntegras defraudadas, por lo que se les ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño.
Dado este hecho, el fallo ha quedado para cada uno de los acusados en nueve meses de prisión, que se sustituyen por el pago de dieciocho meses de multa a razón de seis euros al día.
Se les condena, también, a otros cuatro meses de multa a razón de seis euros al día. Además, se les inhabilita durante dos años para la obtención de cualquier subvención pública.
ESCRITO DE ACUSACIÓN
Según refleja el escrito de acusación, J.L.G.M, administrador de la Empresa Contrabriefing, con domicilio social en Logroño y dedicada a la publicidad y estudios de mercado, efectuó contratos con los otros tres acusados, A.G.G, A.S.G y A.M.B, administradores de Fluchos y, en el último caso, también de Main Style.
"Tras realizar el trabajo, emitía una primera factura en la que incluía todo el proyecto en cuantía superior a la realmente devengada, o por servicios diferentes a los prestados y, posteriormente, otra en la que realmente recogía lo que se efectuaba", relata el Fiscal.
La primera factura se presentaba ante la ADER "con el fin de obtener subvenciones oficiales" que provenían de fondos europeos FEDER, de forma que conseguían ayudas por servicios "que no fueron prestados, o no eran subvencionables".
En total, se ha abierto a estas empresas, por esta práctica, cinco expedientes (correspondientes a un intervalo del año 2.008 al año 2012) tras haber conseguido, de forma ilícita 126.345,62.
Para el fiscal, los hechos descritos suponían un delito de falsificación en documento mercantil (del que considera autor a J.L.G.M); y dos de falsificación en documento mercantil y oficial (de los que considera autores a los otros acusados).
Pedía para el primero (administrador de la empresa de publicidad) dos años y nueve meses de multa a cuota diaria de ocho euros; y para el resto cuatro meses de cárcel y la misma multa, así como devolver la subvención.
