23 de febrero de 2020
20 de enero de 2020

Gobierno riojano rechaza 'pin parental' y estudia acciones legales por amenazas a encargadas de charlas en colegios

   LOGROÑO, 20 (EUROPA PRESS)

   El Gobierno de La Rioja "desestima" la aplicación en la comunidad del 'pin parental', que considera "improcedente". Al mismo tiempo, ha avanzado que se está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales por las amenazas recibidas, especialmente este fin de semana, por dos sexólogas encargadas de impartir charlas en colegios de la región.

   Así lo han expresado este lunes en rueda de prensa los consejeros de Educación, Luis Cacho, y de Participación y Cooperación, Raquel Romero, para quien este asunto es "una vergüenza nacional" que ha calificado como "un ataque a la libertad de educación", al tiempo que ha atribuido las amenazas "a la extrema derecha".

   "Es una polémica estéril", ha recalcado por su parte Cacho, quien ha insistido en que "entra dentro de la estrategia de la confusión política y las fake news". En sus palabras, esta polémica "facilita el discurso del odio" y que, además, "vulnera" la Constitución, la Ley de Educación y los "derechos fundamentales" a la educación "en libertad" y a la información".

   Como ha relatado Romero, las amenazas se han centrado en dos personas, "Ruth y Bárbara, de la empresa SERISE, que ayer fueron amenazadas directamente por la extrema derecha". SERISE, ha añadido, es una firma contratada "directamente por las AMPAS riojanas" para impartir educación sexual en las aulas de centros de la región.

   Unas charlas, tanto para padres como para alumnos, "muy bien valoradas desde hace años por los padres", que se vienen impartiendo desde hace años. Ha recordado, en este sentido, que ya a comienzos de este curso, se produjo una polémica en el colegio Vicente Ochoa de Logroño, donde algunos padres denunciaron estas sesiones.

   A partir de este caso, comenzaron a recrudecerse las amenazas, que se venían dando desde hace un año, "a las que no dieron demasiada importancia al principio, porque las consideraron como algo personal, relacionado con gente que quería impartir las charlas sin preparación adecuada".

   Sin embargo, como ha continuado Romero, "desde este fin de semana, las amenazas han tomado un cariz más directo, hasta llegar a temer por su integridad personal". Como ha concretado, "ha sido a partir de una cuenta nacional de VOX, que publicó un tuit con audios completamente falsos y editados para que pareciera que se decía otra cosa", todo ello, "con nombre apellidos y fotos de Ruth y Bárbara".

   A partir de ese momento, "han ido recibiendo amenazas muy directas por correo electrónico y redes sociales". Por eso, y además de mostrar "todo el apoyo" del Gobierno regional a las dos amenazadas, la consejera ha señalado que "desde el Observatorio de Derechos Humanos de La Rioja, vamos a valorar seriamente emprender acciones judiciales para proteger a personas que están ofreciendo sus servicios a la educación riojana en diversidad e igualdad".

   "Que ningún centro riojano piense que van a tener problemas por unas charlas impartidas por gente cualificada, todo lo contrario, vamos a darles todo nuestro apoyo para que se sigan dando", ha asegurado la consejera. Cacho, por su parte, ha recordado que, precisamente, a raíz del caso del Vicente Ochoa, "ya se dio todo el respaldo, también el de los padres".

   Por eso, ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad, porque se va a seguir dando educación digna y confiable", mientras que ha alertado de "la posibilidad de la distribución de 'fake news' con mensajes ambiguos o distorsionados e imágenes no fiables en este tema". Ha recordado que estas actividades "están aprobadas por los claustros, validadas por la inspección y son obligatorias dentro del currículo escolar".

   "INTERESES POLÍTICOS".

   En palabras del consejero de Educación, "el veto parental es incompatible con el Estado de Derecho, y es lesivo para los derechos fundamentales de todos nuestros menores, ser educado de forma libre e igualitaria para la adquisición de una personalidad plena, equilibrada y respetuosa".

   Así, ha asegurado que "el 'pin parental' es un procedimiento de veto parental y responde exclusivamente a intereses políticos". "No tiene base jurídica sostenible, atenta contras las libertades fundamentales, la convivencia y el respeto. El veto parental no es admisible en la administración pública, obligada a defender los derechos fundamentales", ha añadido.

   A su juicio, "es un procedimiento de exclusión que dificulta la educación en igualdad", a la vez, ha dicho, que "vulnera también el derecho a la información" y el derecho "al interés superior de los menores sobre sus padres, los padres no pueden impedirle ser preparado para una ciudadanía activa, el respeto, el pensamiento crítico argumentando sus propias creencias".

   "Dificulta el desarrollo de la personalidad del propio alumno -ha añadido el consejero- condicionando su elección de una identidad afectivo-sexual libre. Dificulta la convivencia y facilita el discurso del odio. Dificultaría también la autonomía y la organización de los propios centros y la libertad de cátedra de la comunidad educativa".

   Y es que, como ha incidido "el menor no es un derecho de propiedad, el niño es sujeto de derecho propio, tampoco del Estado, pero éste sí debe proteger suficientemente los derechos de los individuos". Además, ha recordado que "el cauce para la participación de los padres en los centros ya está previsto, no es directo, sino a través de las AMPAS".

   A todo ello ha añadido que "después de todo ello, los padres disponen de libertad de elección de centro, tal vez en otros centros haya una oferta de actividades más acorde a sus valores o creencias". "En resumen, es más importante la enseñanza de la libertad que la interesada defensa de una falseada libertad de enseñanza con la que se nos quiere confundir", ha concluido Cacho.

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