La Defensora riojana considera que la implantación de la norma en la región "no va mal" y "no hay conflictos entre administraciones"
LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
Asesores en materia de servicios sociales de 12 Defensorías del Pueblo autonómicas y de la de la nación solicitan, en un documento común, que se concreten algunos aspectos de la Ley de Dependencia, como los plazos o las prestaciones económicas, así como la coordinación entre las diferentes administraciones.
Estas peticiones se reflejan en un borrador de conclusiones elaborado durante el taller de trabajo 'La Dependencia: lagunas y problemas de implantación de la Ley de Dependencia', que se celebró ayer y hoy en Logroño.
La Defensora del Pueblo de La Rioja, María Bueyo Díez Jalón, presentó hoy en rueda de prensa estas conclusiones provisionales, que serán evaluadas por los titulares de las defensorías y estudiadas en unas jornadas sobre la dependencia que celebrarán los defensores en Asturias durante el mes de octubre.
En primer lugar, el documento propone promover normas autonómicas de desarrollo y ejecución del sistema previsto en la Ley de Dependencia. También solicitan a las comunidades autónomas que establezcan criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y los sistemas de copago.
El borrador contempla también la solicitud a los gobiernos regionales de que traspasen a los ayuntamientos los recursos y los medios que sean necesarios, mejorando la coordinación entre administraciones y evitando las "pugnas de carácter político".
Estos recursos deberían, a su juicio, destinarse también a la valoración de la situación de dependencia, para hacer este proceso más rápido, más eficaz y más amplio, incluyendo también a los dependientes por enfermedad mental.
Además, desde las defensorías hacen especial hincapié en que las prestaciones económicas sean "el último recurso", y que las autonomías incluyan en sus presupuestos la mejora de los servicios de atención y asistenciales, como los centros de día o las ayudas a domicilio. El documento propone, por otro lado, flexibilizar los requisitos de los beneficiarios de las ayudas cuando no son cuidadores profesionales, de manera que no se tenga en cuenta, por ejemplo, un periodo mínimo de residencia o la relación de parentesco.
Los asesores de los defensores consideran prioritario fijar mediante norma los plazos máximos para la valoración y reconocimiento de la situación de dependencia, así como las consecuencias jurídicas que conlleve el incumplimiento de estos plazos.
También reclaman que se establezca la fecha de efectos con que deben reconocerse las prestaciones económicas, puesto que "la Ley no deja claro si tiene efectos retroactivos".
En el borrador se solicita además formación para los cuidadores, que se incluyan en el sistema los menores dependientes, que se realicen actuaciones para prevenir la dependencia o que se establezcan medidas para paliar las necesidades urgentes de los solicitantes durante el tiempo que dura la tramitación.
En cuanto a cómo se está implantando la Ley, Díez Jalón consideró que "cada comunidad autónoma lleva su ritmo" y, respecto a La Rioja, juzgó que "no va mal", puesto que "ya ha reconocido a todos los dependientes de nivel I y II y está reconociendo a los severos, punto al que otras comunidades no han llegado aún".
Aseguró, además, que de momento en La Rioja "no existen" conflictos entre administraciones ni previó "que las haya en un futuro", gracias al funcionamiento del Consejo Territorial del Servicio de Atención a las Personas Dependientes.
