LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de La Rioja ha presentado en la reunión del Consejo Riojano de Servicios Sociales, el informe anual que detalla todas las actuaciones que se llevaron a cabo durante 2017 en pro de la promoción y defensa de los derechos del menor. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, ha presidido esta reunión en la que también se ha informado sobre el IV Plan de Infancia y Adolescencia con Enfoque Basado en Derechos Humanos 2018-2020, que el Ejecutivo espera aprobar en el mes de noviembre.
En este sentido, el consejero, en declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado que al Gobierno riojano una de las cuestiones que más le preocupan es la agenda social, y uno de sus actuaciones destacadas es "trabajar con los menores y asegurar su futuro", que se traduce en la elaboración del IV Plan de Infancia que "contempla el fomento de la promoción de la infancia de los menores en La Rioja, y desatollar todos los mecanismos de protección posibles en la infancia".
Ha resaltado que el Plan de Infancia se ha realizado "con los menores", para lo que "se ha seguido un proceso de participación, no solo con entidades como UNICEF, APIR o YMCA, sino que se ha tenido en cuenta que se incorpore la opinión de los menores, a través de la realización de encuestas a menores".
De las mismas, ha señalado Escobar se destaca que "les preocupa el acoso escolar o el ciberbullyng, así como ser parte activa de la sociedad, de cara a que se tenga en cuenta su opinión".
Ha explicado que la redacción del Plan se ha desarrollado de forma paralela a la nueva Ley de Protección de Menores de La Rioja. Se trata de un texto de carácter transversal que ha contado con la implicación de todo el Gobierno riojano. "Son 17 las direcciones generales las que han colaborado en la identificación de políticas de infancia que ya se estaban desarrollando y han marcado objetivos específicos y áreas de actuación", ha apuntado Escobar.
El Plan se estructura en torno a dos grandes ejes: promover el desarrollo integral de los menores y reforzar el sistema de atención a los menores. En ellos, la prevención y la eficacia en la respuesta que los servicios públicos den ante cualquier problema que afecte al menor o su entorno ocuparán un papel destacado.
En lo que se refiere al primer eje de acción, se va a priorizar consolidar el acceso a los recursos de bienestar que garanticen el desarrollo integral de los menores; promover la diversidad y la no discriminación en el diseño y ejecución de las políticas públicas; prevenir y proteger a los niños de toda forma de violencia; y potenciar el aprendizaje y el ejercicio de la ciudadanía. En cuanto al segundo eje, se pone el acento en situar a los menores en las políticas públicas; reforzar la coordinación inter e intrainstitucional; fortalecer la capacitación de todos los agentes que intervienen con menores y mejorar los sistemas de información, investigación y evaluación.
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL MENOR
Este documento comprende las políticas públicas desarrolladas en 2017 y que promueven el conocimiento y respeto de los derechos del menor en todos los ámbitos y, además, supone la puesta en marcha de diferentes programas y recursos ante situaciones de desprotección social de los menores.
En primer lugar, en cuanto a las acciones de promoción y defensa de los derechos, se han llevado a cabo diferentes actividades para propiciar el conocimiento, la divulgación, el respeto y el efectivo ejercicio de los derechos de los menores. En este punto destaca el servicio del Teléfono del Menor, que en 2017 recibió 17.954 llamadas y que facilita al menor en situación de riesgo y desamparo el acceso a la información de manera personalizada, inmediata y confidencial.
En lo referente a las actuaciones puestas en marcha ante situaciones de desprotección social de los menores, hay que destacar, en primer lugar, las políticas de prevención, como el programa de detección, notificación y registro de casos de maltrato infantil, que pretende facilitar la detención precoz de posibles situaciones de desprotección, así como la formación de los profesionales que atienden a dichos menores. En este caso, se recibieron 55 notificaciones de diferentes ámbitos de actuación. Además, se cuenta con el Servicio de Orientación y Mediación Familiar que dota a las familias de las habilidades y técnicas apropiadas para mejorar sus relaciones con el fin de encontrar soluciones no violentas a sus conflictos. En 2017 se recibieron 464 consultas.
Otro de los programas promovidos es Apóyame dirigido a la atención integral a menores expuestos a violencia de género como víctimas directas o indirectas porque presencian la violencia entre sus padres o porque viven en un entorno donde las relaciones violentas y el abuso de poder es parte de las relaciones afectivas y personales. En 2017 se trabajó con 67 menores. Además, en el programa de Buenos Tratos, dirigido a alumnos de 3º de Infantil a 6º de Primaria para fomentar valores de igualdad y el respeto a la dignidad de las mujeres para prevenir situaciones de violencia, participaron 17.781 alumnos en el curso escolar 2017-2018.
Además, se desarrollan diferentes políticas de protección con la finalidad de promover el desarrollo integral de los menores, garantizar sus derechos, proporcionarles la asistencia moral o material de la que carezcan en su medio familiar y, en su caso, procurar su reeducación y reintegración social. En este sentido, cuando se tiene conocimiento de la existencia de una situación de riesgo o desamparo de un menor es necesario poner en marcha un expediente de protección que es notificado a los progenitores o tutores del menor. Durante dicho procedimiento se realiza un estudio pormenorizado de la situación del menor y su entorno familiar, en las condiciones menos perturbadoras para el menor y respetando todos sus derechos. En 2017 se iniciaron 96 nuevos expedientes que afectaron a 168 menores.
Se declarará al menor en situación de riesgo cuando se vea afectado por cualquier circunstancia que perjudique su desarrollo personal familiar o social y, que permita razonablemente temer que en el futuro pueda darse una situación de desamparo o de inadaptación. El número de menores en situación de riesgo al finalizar 2017 ascendía a 420 (144 declarados en 2017). Por su parte, un menor puede declararse en situación de desamparo siempre que carezca de la necesaria asistencia moral o material. Durante 2017 fueron 55 los menores declarados en desamparo (168 el número total al cierre de 2017).
En estos casos es la comunidad autónoma la que asume la guarda de los menores mediante el Acogimiento Familiar y Acogimiento Residencial. En el primer caso se procura la integración del menor en un núcleo familiar estable y adecuado a sus necesidades para ofrecerle atención en un marco de convivencia, bien sea con carácter temporal, permanente o como paso previo a la adopción. Los menores en acogimiento familiar vigentes en 2017 fueron 73. El acogimiento residencial supone el ingreso de un menor en un centro residencial de titularidad de la comunidad autónoma, o de una institución pública o privada colaboradora, con la finalidad de que el menor reciba atención, educación y formación adecuada. Los menores atendidos en este régimen de acogimiento durante el 2017 fueron 103 (la Rioja cuenta con un total de 116 plazas destinadas a este fin).
Por último, hay que destacar el programa de acompañamiento a jóvenes en dificultad social y piso de emancipación de jóvenes, que se desarrolla por Cruz Roja y que supone un apoyo social y emocional para estos menores hasta su mayoría de edad, ya que el objetivo final es que logren una forma de vida autónoma e independiente con garantías de éxito.
