LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
Tras el presunto intento de asesinato de una mujer en la jornada de ayer en una céntrica calle logroñesa, Izquierda Unida quiere hacer pública "su condena de los hechos" y expresar "su solidaridad con la víctima", apuñalada por su ex compañero sentimental.
A raíz de este suceso, Izquierda Unida solicita a jueces y policías "que enfrenten con mayor empeño y sensibilidad, con eficacia y decisión política la violencia de género y que las condiciones que se han dado para la agresión a la mujer brasileña de 35 años, DS,L, no vuelvan a repetirse".
"Debemos recordar que la agresión se produce tras un juicio rápido en el que el juez sobresee la denuncia, pero la guardia civil de Nájera lleva a la mujer a la casa de acogida de mujeres maltratadas".
Por otro lado, continúan, la propia Policía, "en lo que parece más bien una actitud para disculpar su actuación", afirma que el día 25 de junio la mujer estuvo en comisaría, pero no pudo denunciar porque su pareja no había realizado ninguna conducta constitutiva de delito, "pero 15 días más tarde la misma Policía admite una denuncia por amenazas, aplican el protocolo y deciden que la mujer se encuentra en 'riesgo bajo', aunque, según ellos, inician los trámites para su detención".
La detención se produjo ayer, después de que el agresor apuñalara varias veces a su víctima. "Una vez más se demuestra que el hecho de que las mujeres sean capaces de denunciar no sirve de nada si no se encuentra una receptividad adecuada por parte de jueces y policías".
"No se pueden hacer campañas publicitarias animando y casi exigiendo la denuncia a las mujeres maltratadas si quien es responsable de su seguridad no tiene ni la actitud, ni a veces los medios adecuados", explican en nota de prensa.
Por este motivo, IU propone que el Gobierno realice "un programa de choque frente a esta trágica espiral violenta que supone la violencia machista", incorporando la necesidad de nuevos recursos financieros para aplicar la Ley Integral contra la Violencia de Género, extender los juzgados especiales y acelerar las sentencias, evitando que las amenazas terminen convirtiéndose en delitos.
De la misma forma, exige "una formación adecuada a todos los profesionales que intervienen alrededor de los problemas que suscita esta lacra social".
