LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejera de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, Sagrario Loza, solicitó hoy a la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera que revise y modifique algunos aspectos relacionados con el desarrollo de la Ley de Dependencia.
En el encuentro, Mercedes Cabrera, según señaló el Gobierno de La Rioja, se ha mostrado receptiva y colaboradora ante las propuestas de La Rioja. Una actitud que valoró Sagrario Loza ya que además, se da la circunstancia de que "es la primera Ministra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con responsabilidad en política social que recibe a la Consejera de Servicios Sociales de La Rioja".
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y varios aspectos relacionados con la implantación y desarrollo de la misma fueron los principales temas abordados en el encuentro.
En concreto, Loza le trasladó la "preocupación existente" en su Departamento por el "deficiente funcionamiento" del programa informático del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD).
Ante ello, le reclamó una consolidación definitiva de este programa que permita "agilizar el proceso de valoración de la dependencia". Se trata de un aplicativo informático "complejo, inacabado y que se colapsa, no permitiendo, por tanto, trabajar con él de un modo ágil y eficaz, lo que provoca demoras en los procedimientos generando en los ciudadanos mucho retraso para hacer efectivo su derecho", señaló el Ejecutivo riojano.
Asimismo, incidió en la necesidad de que dicho programa "se adapte a los procedimientos de valoración y de gestión de los recursos existentes en cada Comunidad Autónoma regulados en ejercicio de su competencia exclusiva en materia de Servicios Sociales".
FINANCIACIÓN.
También la consejera riojana puso de manifiesto la "insuficiente" financiación procedente de la Administración Estatal teniendo en cuenta que el mantenimiento y consolidación del Sistema Riojano para la autonomía personal y atención a la dependencia, en el Grado III Niveles 1 y 2 y en el Grado II Nivel 2, supone para la Comunidad de La Rioja una inversión de 45.000.000 euros en 2008, siendo la aportación del Estado en concepto de nivel acordado "únicamente" de 1.633.434 euros.
Sagrario Loza solicitó que las reglas de financiación sean tratadas en el foro estatal destinado al efecto -el Consejo de Política Fiscal y Financiera- y que se cree un grupo de trabajo en el seno de dicho Consejo. Este grupo se encargaría de evaluar la necesidad de financiación concreta de cada Comunidad exclusivamente en materia de Dependencia y de estudiar un incremento de las ayudas del nivel mínimo que reduciría la diferencia entre el coste que tiene para el Gobierno de La Rioja los servicios, tanto en plazas residenciales como en centros de día, y el importe financiado por el Estado.
El porcentaje de coste que cubre la financiación del Estado es un 11,56 por ciento en residencias de grandes dependientes de personas mayores; 14,09 por ciento en residencias de grandes dependientes de discapacidad; 10,12 por ciento en residencias de dependientes de personas mayores; 11,93 por ciento en residencias de dependientes de discapacidad; 10,28 por ciento en centros de día de personas mayores; y un 8,28 por ciento en centros de día de personas con discapacidad.
Además Loza trasladó a la ministra de Política Social que "deje sin efecto" una decisión del Imserso, del pasado mes de abril, en la que se vincula el programa informático con la financiación del nivel mínimo de protección, y que se mantenga el criterio inicial seguido hasta el momento por el Ministerio conforme al cual, dicha financiación queda vinculada a la resolución de reconocimiento de grado y nivel de dependencia, tal y como se refleja en el artículo 9 de la Ley 36/2006.
También la consejera riojano pidió que se proceda a la revisión de los baremos de valoración actuales porque presentan "situaciones infravaloradas que deben ser modificadas". Por ejemplo el baremo "no refleja correctamente la situación dependencia de las personas con enfermedad mental y por ello obtienen una valoración muy baja".
Reclamó que se proceda al estudio y a la modificación de los artículos 31 y 14.7 y a la revisión de los artículos 19 y 20 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, así como a la correcta interpretación de los artículos 9, 10 y 8 de la citada Ley 39/2006.
En el caso del 14.7, sobre la capacidad económica del usuario, La Rioja pide su modificación porque la anunciada supresión del Impuesto de Patrimonio "imposibilitará su conocimiento por parte de los gestores de las prestaciones. Debería modificarse la Ley y tenerse en cuenta únicamente la renta del solicitante".
Con respecto al artículo 19, que regula la prestación económica de asistencia personal, la comunidad riojana solicita su revisión porque su actual regulación "impide prácticamente el acceso a la misma, generando descontento entre los solicitantes que la ven denegada".
Con el 20, que regula la cuantía de las prestaciones económicas, Loza pidió su revisión porque la cuantía máxima "no se corresponde con los precios de mercado de los servicios, lo que añadido a la aplicación de descuentos y coeficientes reductores impide a muchas personas acceder a la prestación vinculada al servicio y a la de asistente personal".
Por ejemplo, una persona beneficiaria de una (PNC) prestación no contributiva a la que se le conceda la prestación vinculada al servicio, aún cuando se le asigne el importe máximo de la prestación, no llega ni para hacer frente a la mitad del coste de una plaza de residencia.
El artículo 31, sobre las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad, el Gobierno de La Rioja solicita su modificación porque estas personas, que son las más dependientes, quedan en muchas ocasiones "expulsadas" del Sistema o con una prestación económica "ridícula".
Finalmente la consejera de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja comentó a la Ministra Cabrera el deseo de esta Comunidad de ser sede en 2010 del Congreso Estatal del Voluntariado.
