LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Podemos-Equo, Raquel Romero, ha anunciado hoy que promoverá una declaración institucional en el Parlamento riojano para declarar al líder de Vox Santiago Abascal persona no grata tras las amenazas sufridas por dos trabajadoras que imparten charlas de sexualidad en los colegios.
En rueda de prensa junto a otros representantes de la formación morada, Romero, consejera de Participación y Cooperación del Gobierno riojano, ha justificado esta declaración en la incitación de Abascal al "odio y la división entre españoles".
La reacción de Romero surge después de que dos trabajadoras de la empresa SERISE (Servicio Riojano de Atención a la Sexualidad), enfermera y psicóloga, denunciaran amenazas por impartir charlas de sexualidad en los colegios de La Rioja.
La diputada morada ha ofrecido su "total apoyo" a estas trabajadoras ante la "campaña de desprestigio y acoso" que están sufriendo "por organizaciones de extrema derecha". Se trata de algo, ha creído, que "no tiene cabida en una sociedad democrática".
Bajo este contexto, ha anunciado que promoverá la presentación, en el Parlamento de La Rioja, de una declaración institucional por la que los grupos que conforman la Cámara, PSOE, PP, Ciudadanos y Grupo Mixto (integrado por Podemos-Equo e IU) declaren persona nos grata al presidente de Vox, Santiago Abascal.
De este modo, se busca que los grupos dejen "constancia de su apoyo expreso a las trabajadores de SERISE, y manifestar su completo rechazo a toda forma de intimidación, coacción o vulneración de los derechos y libertades de la ciudadanía".
También, "reafirmar su compromiso con la libertad de expresión y el derecho constitucional a recibir una educación pública y gratuita sin discriminación de ningún tipo".
La declaración, que aún no ha sido remitida a los grupos políticos, según ha relatado Romero, sólo saldrá adelante si se aprueba por unanimidad de todos los partidos.
Romero ha comparecido junto a la directora del Observatorio de los Derechos Humanos en La Rioja, Sara Carreño, y el técnico de la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos, Luis Illoro.
