LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, afirmó hoy que la aprobación de los nuevos sectores urbanísticos de Logroño, sin que se vulnere la legalidad, es una acción política que cuesta "cero euros", y que en el momento que se ejecute "va a poner en circulación en La rioja miles de millones de euros y va a asegurar miles de puestos de trabajo".
González de Legarra realizó estas manifestaciones en una comparecencia de prensa acompañado del secretario de Organización del PR, Rubén Gil Trincado, en la que analizó la decisión de suspender los nuevos sectores de Logroño, por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR).
El líder de los regionalistas la calificó de "acción política deliberada, que trata de propiciar el descrédito del Gobierno del Ayuntamiento de Logroño".
Una acción que consigue "generar desempleo, estrangular al sector de la promoción y la construcción, perjudicando a miles de riojanos, que saben que su futuro laboral, dependen exclusivamente, del pulso personal que el presidente del Gobierno de La Rioja y la consejera de Política Territorial están echando a determinados empresarios", a juicio de González de Legarra.
Añadió que en la "batalla descabellada" que el Ejecutivo riojano ha emprendido contra el Consistorio logroñés "sorprende la docilidad y el sometimiento de determinados miembros de la COTUR, que se prestan a respaldar acciones que son injustas, y evidencia una distinta vara de medir de los miembros de la Comisión, en función del color político de la institución que se dirija a ellos".
Afirmó que los miembros de la Comisión Permanente "mienten" cuando argumentan la suspensión de los sectores "en base a deficiencias técnicas que no se han observado en tramitaciones similares". También dijo que sorprende la "vehemencia" de Sanz al afirmar que la ecociudad "se va a construir, sin esperar a un pronunciamiento previo de la COTUR", por lo que es evidente que el presidente del Gobierno "tiene autoridad suficiente para determinar que se tramita y que no se tramita en la COTUR".
González de Legarra aclaró que desde su formación no piden que "se vulnere la legislación vigente en estos sectores", sino que reclaman "sensibilidad, sobretodo en un momento duro para la economía riojana", así como "igualdad y rapidez" en la aprobación de los sectores.
Para el presidente del PR "llama la atención" que Sanz, en el Debate sobre el Estado de la Región, "hacia votos públicos en defensa de los riojanos, mientras urdía una de las acciones más infames en los últimos años en contra de la economía y de los intereses de los trabajadores riojanos".
González de Legarra recordó que su partido se presentó en el Debate con la "mano tendida". Una colaboración que expresaron al Gobierno riojano, que "se ha visto traicionado por el Ejecutivo, puesto que sabe que del sector de la construcción, y de la tramitación de los sectores, depende gran parte de puestos de trabajo".
Ante ello, realizó un llamamiento a los agentes económicos y sociales para que "juntos" exijan un cambio de actitud "radical" al Gobierno de La Rioja. Aseguró que es difícil alcanzar un Pacto Social "cuando Sanz exhibe una falta de escrúpulos en sus acciones que perjudica claramente a trabajadores y empresarios".
Reiteró el llamamiento a la movilización pública de los empresarios, trabajadores porque "están siendo perseguidos, por quien entiende que la rivalidad política, lo justifica todo".
El presidente del PR acusó al Gobierno de tener "afán de entorpecer la acción política del Ayuntamiento de Logroño", si bien aclaró que el pacto entre su formación y los socialistas "está firme, unido y convencido que estamos haciendo lo que hay que hacer" para paliar la situación de la economía.
Sobre la posibilidad de llevar la suspensión de los sectores por la vía judicial, González de Legarra, señaló que "si las actuaciones de un Gobierno y de unos funcionarios entorpecen claramente el desarrollo de una región y los intereses de los ciudadanos, y lo hacen de forma deliberada y consciente de que están haciendo daño, eso se conoce como prevaricación, y podría dar lugar a un conflicto judicial". De todos modos, dijo que espera que "no sea necesario llegar a ello".
