MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Justicia ha destinado 3.260.766 euros al juicio del 11-M, que hoy quedará visto para sentencia, entre medios materiales para acondicionar el pabellón de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo en Madrid, que tiene alquilado para la celebración de macroprocesos, y los honorarios de abogados de oficio, procuradores y traductores.
Ante la repercusión del juicio a nivel internacional y nacional, Justicia ha realizado "un notable refuerzo" no sólo de medios personales, sino también en inversiones en medios materiales para desarrollar un procedimiento en el que estuvieran imputadas alrededor de 120 personas de las que 29 fueron procesadas y se sentaron en el banquillo.
Así, según el Ministerio, se ha garantizado la tutela judicial de los acusados, las familias de los 192 fallecidos en los atentados y de los cerca de dos millares de heridos.
Para conseguirlo, Justicia firmó en octubre del año pasado un convenio con el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Madrid, por el que se triplicaban los módulos y bases de compensación económica previstos para los abogados del turno de oficio hasta un máximo de 20.000 euros por letrado.
Ante la importancia y gravedad del caso, no se ha retribuido a los 21 abogados de oficio participantes con los 315 € habituales, sino con 945 €. Además, los 19 € por cada 1.000 folios se han transformado en 57 €, al igual que cada cinco comparecencias. Mientras que las visitas a los centros de prisión han pasado de pagarse a 171 €. La cuantía total máxima que gastará el Ministerio por este acuerdo de retribución especial asciende a 420.000 €.
Justicia ampliará este convenio, destinado en un principio a los abogados defensores, a los tres que han ejercido por el turno de oficio la acusación particular, para defender los intereses de las víctimas.
Al multiplicar por dos las cuantías establecidas, estos abogados percibirán 630 € por el procedimiento penal, 38 € por cada 1.000 folios (el sumario ha alcanzado los 100.000 folios aproximadamente), 114 € por cada día de vista y 520 € por el recurso de casación y otros tantos por el de amparo, si llegan a interponerse. No obstante, el importe máximo que se abonará a cada letrado no superará los 12.082,00 €.
PROCURADORES E INTÉRPRETES
Además, según Justicia, el pasado 17 de mayo firmó otro convenio con el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para preveer una única retribución extraordinaria para los 25 procuradores que han actuado en representación de los procesados. Con él pasarán a cobrar 1.000 €, en lugar de los 60,11 € que deberían recibir con el baremo actualmente aplicable.
Asimismo, Justicia ha revisado la retribución que debían percibir los 23 intérpretes (17 de enlace y 6 conferencia, de cualificación superior) que han participado en el juicio, fijando un límite por receptor de 12.020 €.
En cuanto a estos profesionales, el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo ha salido en su defensa afirmando que superaron unos filtros de seguridad exhaustivos (incluyendo informes de varios servicios de seguridad, entre ellos, el Centro Nacional de Inteligencia y la división de la OTAN en el MAE), para garantizar el rigor de su interpretación en un proceso de estas características.
2 MILLONES DE EUROS EN INVERSIONES
En cuanto a las inversiones en medios materiales, el comunicado las cifra en 1.799.642,60 €, de los que 1.133.907,77 se han destinado a la adaptación de las instalaciones del Pabellón de la Casa de Campo de la Audiencia Nacional.
El dinero se ha destinado a realizar aplicaciones de gestión procesal, con la instalación de un nuevo servidor y la aplicación Minerva en las dependencias de la Casa de Campo y del sistema Lexnet, que permite realizar las notificaciones electrónicamente con firma digital.
En concreto, a la utilización de esta herramienta informática que permite realizar notificaciones por medios telemáticos, ha permitido, según Justicia, reducir la duración del juicio del 11-M a una tercera parte, con el consiguiente ahorro en papel, en desplazamientos y en seguridad.
De los 685 abogados y 372 procuradores dados de alta en el sistema Lexnet, 43 participan en el 11-M y se han practicado 1.476 notificaciones de forma telemática y en formato papel.
También forman parte de las inversiones, la instalación de una sala para las víctimas, con tecnología audiovisual de reproducción de vídeo y audio, para poder seguir en directo los acontecimientos de la sala de vistas; y una sala de prensa, que ha permitido a los periodistas seguir el proceso; así como infraestructuras para traducción simultánea y de videograbación.
