MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una parte de los detenidos en relación con los incidentes del 25-S en el entorno del Congreso de los diputados, un total de 19, han recurrido la decisión de la juez número 8 de Madrid, Rosario Espinosa, de remitir la causa a la Audiencia nacional por apreciar que habían cometido delito contra las altas instituciones del Estado.
Se oponen a dicha imputación porque ninguno de ellos interrogado, ni en comisaría ni posteriormente en sede judicial, por ningún delito del que pueda ser competente la Audiencia Nacional "y por lo tanto nada pudieron decir en su defensa, encontrándose con dicha imputación de manera sorpresiva, lo que determina una situación de indefensión absolutamente manifiesta", según se señala el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press.
La defensa insiste en que no están suficientemente acreditados "ni siquiera indiciariamente" los hechos que se les imputan por la Policía en el atestado, pese a lo cual la juez Espinosa se los atribuye a todos ellos de forma genérica.
DELITO IMPUTADO DE FORMA "SORPRESIVA"
Señala también la defensa en que, según consta en la carátula del atestado policial, los hechos fueron denunciados por presuntos delitos de resistencia, desobediencia, atentado a agentes de la autoridad y desórdenes públicos "ninguno de ellos competencia de la Audiencia Nacional", como puso de manifiesto el propio juez central número 1, Santiago Pedraz en una providencia dictada dos días después de las detenciones.
Llaman también la atención sobre el hecho de que la diligencia inicial del atestado, en la que se hablaba de incidente en torno al Congreso, se redactara a las 14.00 horas del día 25, es decir, "cinco horas antes de que empezaran a llegar los primeros ciudadanos al lugar de la concentración".
"Sospechamos que dicho atestado policial es completamente falso y relata unos hechos jamás acaecidos", señala el recurso, por lo que se interesa se decrete la nulidad de las actuaciones.
En su auto, la juez de Instrucción número 8 de Madrid señalaba que "existen motivos bastantes" para estimar que los detenidos durante los incidentes registrados el pasado martes en las inmediaciones del Congreso cometieron un delito contra las Instituciones del Estado en el auto en el que, a pesar de esta consideración, les dejó en libertad.
