MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Medio Ambiente de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Madrid, Concha Denche, denunció hoy "un sobrecoste oculto de al menos 30 millones de euros en concepto de vertidos de tierras procedentes de la M-30 que se ha obviado en los contratos de obra". El cálculo se sustenta en el precio a pagar por metro cúbico de inertes y tiene en cuenta las obras de construcción y los túneles previstos en la remodlación de esta infraestructura.
IU recuerda que el 1 de septiembre de 2004, el Ayuntamiento de Madrid firmó un convenio con Fenadismer (patronal de las empresas de transportes de tierras) por el cual se comprometía a facilitar diez millones de metros cúbicos de tierras con destino a la cantera El Hoyón de Arganda del Rey.
Según Denche, este acuerdo "se ha evidenciado como una chapuza más dentro de las muchas chapuzas que han jalonado esta obra, ya que del total de la cantidad prevista el volumen total de tierras transportables se ve reducido a 3,9 millones de metros cúbicos". Esto supone "un déficit de 6,2 millones de metros cúbicos de tierras sin destino establecido".
Esta circunstancia se agrava al comprobar que de esos 3,9 millones, de la M-30 no proviene ni un millón de metros, ya que el resto es de Metro y otras obras. "Este hecho tiene también una consecuencia económica ya que se pactó pagar un precio de 1,99 euros por metro cúbico con lo cual las tierras que no entrarían en El Hoyón tendrían sin embargo un coste superior a los 12 millones de euros", dijo.
"DISPARATE TRAS DISPARATE"
Denche tildó de "disparate tras disparate el proceso de una obra bajo sospecha de Europa, con denuncias en todas las instancias, con sobrecostes por todos los lados, con desastres ecológicos, con impacto en la movilidad y un sinfín de elementos que la hacen totalmente insostenible".
La portavoz de Medio Ambiente de IU también recordó que su grupo municipal ya ha denunciado dos vertidos ilegales que han sido reconocidos como tales por el propio equipo de gobierno y denunciados ante el Seprona, que también ha reconocido su ilegalidad.
