MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
UGT Madrid estima que el 46 por ciento de los contratos temporales examinados por la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid eran "irregulares o fraudulentos", según la información recabada por el sindicato.
Así se desprende de los resultados de su análisis de la labor inspectora realizada durante los tres primeros meses del año en la Comunidad de Madrid sobre un total de 757 empresas de la Región, señala en un comunicado.
De acuerdo con estos datos, los contratos de los trabajadores
temporales "fiscalizados" durante este periodo presentaban
irregularidades en este "elevado porcentaje y en perjuicio de los
derechos de los trabajadores temporales".
Durante este periodo de tiempo la Inspección de Trabajo examinó los
contratos de un total de 4.209 trabajadores. De este número total, 1.943 se vio transformado su contrato a indefinido "ante la detección de anomalías y tan sólo con el requerimiento de la inspección".
"Irregularidades como son el encadenamiento de contratos, los realizados sin causa o las conversiones de indefinidos a temporales, entre otros", detalla UGT.
LAS IRREGULARIDADES EN AUMENTO
Además, subraya los "preocupantes" datos sobre irregularidad en la contratación temporal como ocurrió en el primer trimestre del año pasado. En este sentido, el porcentaje de trabajadores afectados aumenta en 18 puntos en el presente año (el 46% en 2018 frente al 27,68% del 2017).
"Este dato significa que el fraude y la irregularidad es una práctica ampliamente extendida en la Comunidad Autónoma y a pesar de la evidente mejoría de la situación económica de las empresas, hay un claro empeoramiento en los porcentajes de irregularidad y fraude en la contratación temporal", asegura UGT.
El sindicato critica que hay empresarios que realizan estas prácticas "de manera consciente, con clara intención de explotar al trabajador, defraudar al estado y realizar una competencia desleal con el resto de las empresas del sector".
Por eso, reclama medidas "eficaces" para perseguir el fraude en la contratación con sanciones administrativas y económicas "suficientemente elevadas para lograr disuadir del uso de estas prácticas fraudulentas en el mercado laboral".
