Un 80% de los trabajadores sociosanitarios secundan la huelga, según sindicatos, y un 42%, según la Comunidad

Actualizado: miércoles, 23 abril 2008 21:16

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) - Un 80 por ciento de los 9.000 profesionales sociosanitarios dependientes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales secundaron hoy la huelga convocada por los sindicatos CSIT-UP, CC.OO. y UGT para pedir su homologación a los profesionales de otras Consejerías y para defender los servicios públicos, según los sindicatos. Mientras, el departamento que dirige Gador Ongil cifró el seguimiento de los paros en un 42 por ciento. CC.OO. de Madrid se "felicitó" por el seguimiento de la huelga, así como por la "masiva concentración" de trabajadores a las 12.00 horas frente a la sede de la Presidencia regional en la Puerta del Sol. Por su parte, el sindicato CSIT-UP afirmó hoy en un comunicado que un 70 por ciento de los técnicos de Salud Pública de la Dirección General de Ordenación e Inspección Sanitaria han sido designados como servicios mínimos, de manera que del 30 por ciento de la plantilla que ellos estiman ha podido seguir la huelga, la ha secundado el 90 por ciento de los trabajadores. Los trabajadores sociosanitarios demandan con sus movilizaciones una carrera profesional y sus efectos económicos, el derecho de trienios para interinos, "la defensa y dignificación" de lo público y la creación de empleo en los Servicios Públicos de Atención directa (Sanidad, Servicios Sociales y Educación). La convocatoria de huelga de 24 horas afecta a los 9.000 médicos, Diplomados en Enfermería, auxiliares de Enfermería, fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos, veterinarios, terapeutas ocupacionales, técnicos especialistas que prestan sus servicios en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, Cantoblanco, Psiquiátrico de Leganés, Hospital Niño Jesús, Hospital La Princesa y en las Residencias de Personas Mayores de la Comunidad de Madrid, entre otros centros. CSIT-UP afirma que hay un "intenso deterioro" de los servicios públicos, que "está impulsado por el propio Gobierno regional", que los considera "como una oportunidad de negocio en un marco político inspirado en la privatización de la gestión pública". Además, critica las retribuciones de este personal en comparación con los sueldos del personal estatutario.