Denuncia que en prisión desveló información al no saber que estaba en "un estado policial"
MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri, prevé solicitar que se levante la imputación de su cliente en el 'caso Gürtel' una vez que se le notifique la resolución de las deliberaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre los recursos contra las intervenciones de las escuchas ordenadas por el juez Bartasar Garzón.
Según publicó hoy el diario 'El País', la Sala anulará parte de las intervenciones de las comunicaciones entre los cerebros de la trama de corrupción y sus letrados en la prisión de Soto del Real.
Los magistrados Francisco Vieira, José Manuel Pérez Robledano y Emilio Fernández de Castro concluyeron ayer las deliberaciones de los 23 recursos presentados por los letrados defensores. Al parecer, Vieira y De Castro abogaron por anular parte de las escuchas, mientras que Robledano se mostró a favor de validar las mismas.
Peláez explicó a Europa Press que, en el caso de su cliente, su imputación se basa precisamente en la conversación que mantuvo en Soto del Real con Correa, Pablo Crespo y sus letrados cuando acudió en condición de abogado expresamente llamado.
"Fui a preparar mi estrategia de defensa porque se relacionaba a mi cliente con Correa y Crespo. Nunca sospechamos que se nos podía estar grabando. El contenido de la charla se utilizó para imputar a mi cliente, tal y como aparece en el atestado policial", indicó Peláez, quien adelantó que si se anulan las conversaciones, solicitará que se levante la imputación sobre su patrocinado.
"Me da rabia que algunos medios nos critiquen por querer anular el proceso, pero la culpa es de Garzón y de las fiscales por permitir la ilegalidad de estas escuchas. La Fiscalía debe velar por la legalidad de las actuaciones, más aún cuando los abogados no podemos acceder a la causa. Si se anula, es por culpa del juez y las fiscales", aseveró.
Este mismo asunto está también en manos del Tribunal Supremo después de que haya admitido a trámite una querella interpuesta por este mismo letrado. A este querella se sumó el letrado de Francisco Correa, que participará en la causa como acusación particular.
ESTRATEGIA DE CONFUSIÓN
El pasado enero, el juez Pedreira ya avaló las escuchas al desestimar los recursos interpuestos por José Luis Izquierdo y Javier Nombela Olmos en el que solicitaban la nulidad de las resoluciones dictadas por el juez Garzón referidas a la intervención de las comunicaciones telefónicas.
Los letrados alegaron en sus recursos que las intervenciones violaban lo dispuesto en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que reserva exclusivamente a los supuestos de terrorismo toda intervención de las comunicaciones entre un interno y sus abogados.
En el auto, la Sala de lo Civil y Penal criticó que "la estrategia de los recurrentes consiste en confundir la intervención de las comunicaciones a un interno como medida de régimen penitenciaria, con la intervención de esas comunicaciones como medida de investigación adoptada en un procedimiento penal, de manera que las limitaciones de una se trasmitan a la otra".
