Escriben a Fernández de la Vega y al Defensor del Pueblo para quejarse por este asunto que les dejará "sin márgenes" de beneficio
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La asociación Adefarma y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) recurrirán al Tribunal Supremo (TS) para que se derogue el Real Decreto por el que se impone a las farmacias aportaciones extraordinarias por las recetas dispensadas a los funcionarios públicos bajo las mutualidades MUFACE, ISFAS y MUGEJU, ya que consideran que, de seguir así, los profesionales del sector se quedarán "sin márgenes de beneficio".
En un comunicado, las dos entidades explicaron que hoy presentarán de manera conjunta un recurso institucional ante el TS, a la que adjuntarán las 600 reclamaciones individuales de farmacéuticos que ya han recibido en los últimos días. Además, indicaron a los profesionales que no puedan sumarse a la iniciativa podrán hacerlo de manera personal, "reclamando las cantidades que hayan dejado de percibir por el decreto hasta que el TS dicte una resolución".
Además, el COFM envió el pasado martes una carta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, exponiendo los "desproporcionados efectos económicos" que suponen las nuevas aportaciones obligatorias que el Estado quiere imponer, y reclamando la búsqueda de una salida que "no discrimine a las farmacias en atención al tipo de paciente que acude a ellas".
Por último, se ha enviado una queja al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, "quien la ha admitido a trámite y ha anunciado que estudiará la legalidad de la nueva escala de deducciones", informaron las dos entidades.
DISCRIMINACIÓN
Y es que los farmacéuticos madrileños, asesorados por el jurista Rafael Ariño, consideran que la norma "es ilegal" porque "no se ajusta al sistema de márgenes impuesto por el Real Decreto-Ley 5/2000", así como por "generar discriminación entre los ciudadanos al considerar a los funcionarios distintos del resto de los españoles".
Según el colectivo, esta discriminación se pone de manifiesto por el hecho de que el Gobierno sí contempla exenciones para las farmacias de Ceuta y Melilla, pero no para otras zonas de España donde hay mayor densidad de población funcionarial, como puede ser Madrid o algunos municipios de la región como Valdemoro, con muchos guardias civiles, o Alcalá de Henares, donde hay una base militar.
"Sin embargo, no reclamamos la excepción, sino la supresión de la medida", afirmó el director general del COFM, Carlos Ibáñez, algo que suscribió la presidenta de Adefarma, Alexia Lario, al afirmar que, según un estudio realizado por su asociación hace dos años, "algunas farmacias pueden verse abocadas al cierre como consecuencia de esta última vuelta de tuerca del Gobierno".
"Entendemos que esta norma afecta a una gran parte de los farmacéuticos de la Comunidad de Madrid, por lo que tenemos que decir basta ante medidas como ésta, dado que, de no hacerlo, llegaremos a tener un margen cero y a cerrar nuestras farmacias", señaló, subrayando que, pese a que parte importante de los ingresos de las farmacias vienen de la parafarmacia, también ese sector está padeciendo una "grave recesión" por culpa de la crisis.
Asimismo, Lario recordó la gran carga parafiscal de las farmacias por lo que, "hay que alzar la voz y pedir soluciones". El presidente del COFM, por su parte, no rechazó la idea de llevar a cabo otras medidas de presión, en el caso de no solucionarse este conflicto.
