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Estudia si se puede recurrir el proceso por las afecciones que implica para la docencia y formación de profesionales
MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha apuntado este martes que estudia la posibilidad de solicitar en los tribunales nuevas peticiones de suspensión cautelar de la externalización de seis hospitales de la región en caso de que se levante la que pende actualmente sobre el proceso iniciado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Concretamente, los servicios jurídicos de AFEM estudiarían solicitar de nuevo la suspensión cautelar de la externalización sobre argumentos relativos a la docencia, pues indica que mediante este proceso la Comunidad de Madrid se arroga como autoridad competente en materia de formación de especialistas, docencia de pregrado o el desarrollo de la actividad investigadora, campos que son responsabilidad directa de la Administración del Estado y se verían afectadas con la externalización de estos seis hospitales, según plantean.
Así lo ha manifestado en rueda de prensa el presidente de AFEM, Pedro González, quien esta tarde ha presentado un nuevo informe que ha realizado su asociación en el que se sostiene que la Consejería ha cometido errores a la hora de realizar el cálculo del coste por habitante en la asistencia sanitaria, algo que considera clave pues la externalización se sustenta en la reducción del coste económico de los centros.
A juicio de González y tras el análisis realizado por AFEM de los propios datos de facturación intercentros recogidos en la memoria económica de la propia Consejería, se estarían cometiendo "graves errores" en el cálculo de la cápita que invalidarían, en su opinión, la externalización de los hospitales Infanta Leonor, Infante Cristina, Infanta Sofía, el Hospital del Sureste, el Hospital del Tajo y el Hospital del Henares.
González ha detallado que, en caso de que se levantará la suspensión cautelar que pende sobre el proceso, AFEM estudiaría presentar una nueva suspensión en base a esos datos al entender que dichos errores suponen un incumplimiento del contrato que se rubricaría con las adjudicatarias de los centros.
El presidente de AFEM ha realizado estas consideraciones a dos días de que la Sala del Pleno de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aborde los recursos presentados sobre la externalización del proceso, un análisis previsto para este jueves y viernes.
Tras manifestar que su asociación confía "plenamente" en la actuación de la Justicia, González ha detallado que la decisión que adopte el TSJM, tanto si mantiene la suspensión como si la levanta, no es el "final de nada" sino que es un paso "más" en la acción que mantiene AFEM para tratar de revertir el proceso de gestión indirecta de estos hospitales.
AFEM SOSTIENE QUE HAY ERRORES EN LAS CIFRAS DE SANIDAD
Respecto al contenido del nuevo informe económico, el representante de AFEM ha manifestado que los datos de la Consejería para analizar las cápitas se sustentan en una media del coste asistencial de los años 2011 y 2012, pero que se han utilizado dos métodos distintos de cálculo en cada ejercicio y que no son equiparables.
Así, detalla que en 2011 se realiza mediante el método denominado Unidades de Complejidad Hospitalaria (UCH), consistente en sacar una media de gasto y multiplicarlo por su un baremo de complejidad de la patología que presenta. En este sentido, AFEM sostiene que se han utilizado baremos de forma errónea pues no se aplican costes reales a aquellos hospitales a externalizar. Aparte, indican que se utiliza el coste del hospital de origen para fijar la UCH y no el que hace el tratamiento para la facturación intercentros.
En 2012, según ha dicho, el método utilizado es el sistema de precios públicos pero que éstos no están actualizados pues utilizan las referencias de 2009 y no los de 2013, que son un 2 por ciento más baratos. Ello, en su opinión, indica una pérdida económica de 52 millones de euros para el erario público si se comparan con los del año pasado.
Aparte, González ha manifestado que ambos métodos implican diferencias notables y ha puesto el caso del Gregorio Marañón, con una diferencia de coste de cien millones de euros entre el sistema de UCH (396,2 millones) y el de precio público (295 millones). Por ello, ha tildado de "disparate" el calculo utilizado por Sanidad para fijar las cápitas.
El presidente de AFEM también ha manifestado que los métodos utilizados en el cálculo del resto de apartados integrantes en la Facturación Intercentros (como consultas externas, farmacia hospitalaria, hospitales de día o procedimientos especiales) tampoco están claros.
Además, ha dicho que los resultados de la memoria económica dan conclusiones "absurdas" como es que pueda haber centros sanitarios tengan balance positivo cuando debería ser cero, de acuerdo con el modelo teórico de facturación (pues se derivan y absorven pacientes pero el número total debería seguir siendo el mismo).
¿POSIBILIDAD DE HUELGA?: HABRÍA QUE ESTUDIARLO
En este sentido, González ha manifestado que los argumentos referidos con anterioridad, tanto los de índole económico como los referidos a la docencia, son razones suficientes para mantener la suspensión cautelar del proceso.
Preguntado por si este nuevo informe puede ser interpretado como un elemento de presión hacia los jueces, el presidente de AFEM ha rechazado ese extremo y ha aseverado que precisamente su colectivo está con ellos y respeta la independencia de los magistrados.
También cuestionado por los medios de comunicación sobre si estarían dispuestos a volver a la huelga en caso de que el TSJM levantara la suspensión cautelar y Sanidad continuara con la externalización, González ha dicho que ello también se tendría que estudiar.
Además, ha dicho que las posibles nuevas solicitudes de suspensión se debería estudiar si se plantean por vía cautelar o cautelarísima.
