MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid solicitó hoy al juez Santiago Torres la puesta en libertad de los diez encarcelados en el 'caso Guateque' bajo fianzas de 60.000 euros para los funcionarios y de 100.000 euros para los intermediarios. El Ministerio Público sustenta su decisión en que "no hay riesgo" de entorpecer la investigación tras el levantamiento de la totalidad del secreto de las diligencias practicadas en el procedimiento.
Una vez hecho público el caso, el magistrado acordó dar traslado al fiscal adscrito al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, César Estirado, para que informara a favor o en contra de la continuidad de las medidas restrictivas de libertad impuestas a diez de los imputados por su vinculación a la presunta trama de corrupción destapada en el Ayuntamiento de Madrid.
"Una vez levantado el secreto ya no hay riesgo de que los imputados entorpezcan la investigación, puesto que está muy avanzado", indicó a Europa Press el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, que especificó que ya no se dan los requisitos para mantener la prisión de los encarcelados, como son la reiteración delictiva, el riesgo de fuga y la obstrucción a la causa.
Asimismo, la representación legal del Ayuntamiento de Madrid y del PSOE, que ejercen las acusaciones particulares en calidad de perjudicados, y las asociaciones vecinales personadas en la causa como acción popular tendrán que pronunciarse sobre si los imputados continúan en prisión preventiva.
De la primera fase, permanecen encarcelados Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Ayuntamiento; Joaquín Fernández, jefe del departamento de Evaluación Ambiental; Carmelo García Sánchez, funcionario jubilado de la Gerencia de Urbanismo; y el intermediario Santiago Castillo Morales.
Los imputados detenidos en la segunda fase que cumplen prisión preventiva son Manuel Sánchez Romanillos, de la Junta de Salamanca; Domingo Sánchez Bote, de Chamartín; Miguel Ángel García Jodar, técnico del Área de Medio Ambiente; y Fernando Ruiz Torrejón, de Urbanismo. Los últimos encarcelados fueron los empresarios Julián Rubén López y Eduardo Agustinos, propietarios de Agustinos y Proyectos S.L.
