MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, anunció que su formación solicitará la creación de un fondo de garantía familiar municipal, similar al creado para ayudar a las entidades financieras por parte del Estado, para prestar atención a las situaciones económicas "más desesperadas" de los madrileños en el actual contexto de crisis.
Pérez reclamó hoy la articulación de este fondo, que correría con los gastos de declaración de insolvencia en el caso de que ésta se desencadene por el encarecimiento de las hipotecas o por una pérdida de empleo achacable a la situación económica, además de que podrá ser empleado por el Ayuntamiento "para intermediar con las entidades bancarias, empezando por Caja Madrid, para suavizar el tema de las hipotecas sin obtener beneficios de las desgracias familiares, que es lo que suelen hacer los bancos". El fondo se destinaría asimismo a establecer programas sociales para madrileños insolventes.
El líder de la coalición de izquierdas explicó que ese fondo podría dotarse con 850 millones procedentes de parte de la cantidad correspondiente a Madrid de los 7.000 millones de euros que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) demanda al Estado por los 'servicios impropios', en total, 500 millones que debería costear la Comunidad de Madrid por prestaciones que no corresponden al Ayuntamiento, y otros 350 por las obras de la M-30 al considerar que la pagan los madrileños "cuando es (una vía) que no es sólo para ellos".
Pérez criticó que el Estado destine 50.000 millones de euros a ayudar al sector financiero "cuando el señor Solbes dice que está saneado, no afectado por la crisis financiera que viene de Estados Unidos y no corre peligro".
"Llevo años escuchando que las pensiones peligran, que no se puede ampliar la cobertura por desempleo, que no se atienden las necesidades de las familiares monoparentales, que no se puede llegar al 0,7 por ciento en cooperación, que es imposible hacer escuelas infantiles porque el Estado no está para eso para que ese dinero se destine a cuatro degenerados de las finanzas que meten al mundo en una crisis sin precedentes y que tenemos que pagar entre todos", criticó Ángel Pérez.
AYUDA JURÍDICA ANTE CASOS DE INSOLVENCIA
La portavoz de Familia y Servicios de IU, Milagros Hernández, añadió que ese fondo de garantía familiar plantearía una solución al previsible incremento de impagos de hipotecas y posibles desahucios con la intermediación de la Administración local. Podría ayudar a los madrileños con una prestación jurídica en casos de insolvencia a través de la labor de un procurador y mediar con los bancos en los procesos de los ciudadanos insolventes para que las entidades financieras "no se lleven los intereses producidos por el alargamiento de las hipotecas".
La edil adelantó que IU llevará al Pleno del 31 de octubre una interpelación al Gobierno municipal al considerar que no acomete las políticas sociales a las que está obligado. En este sentido, recordó que las administraciones no quedan exentas de cumplir el mandato constitucional de garantizar protección social, económica y jurídica a la ciudadanía cuando hay "un millón de madrileños cerca del umbral de la pobreza".
A ello sumó el problema de la vivienda --al cifrar el incremento del precio de los alquileres en un 5,2 por ciento en septiembre en comparación con el mes anterior--, el aumento de los pagos hipotecarios pendientes, el de los procesos de desahucio y el número de personas que se ven avocadas a vivir en las calles o en los coches, "no sólo en el centro de la capital sino ahora también en los barrios".
Hernández reclamó, asimismo, mejoras en el Plan municipal contra la Exclusión ya que Cáritas ha gastado ya parte del presupuesto destinado al próximo año, y el desarrollo de la ayuda a domicilio, dentro de la Ley de Dependencia, porque es "una competencia del Ayuntamiento y demuestra que no tiene sentido el rifirrafe con la Comunidad de Madrid". En este punto, la concejala pidió un acuerdo de los tres partidos con representación en el Consistorio para solicitar al Gobierno regional y al Estado una solución para la Ley de Dependencia.
