BOADILLA DEL MONTE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La oposición en el Ayuntamiento de Boadilla presentará una moción al Pleno Municipal en la que pedirá que el concejal de Juventud "asuma los gastos" ocasionados por el procedimiento judicial en el que se condena al Consistorio al pago de una indemnización de 96.000 euros a una trabajadora por acoso laboral.
La petición será presentada de forma conjunta a través de una moción de Alternativa por Boadilla (APB) y PSOE en el Pleno Municipal previsto para el 28 de marzo, según han informado a Europa Press los responsables de ambas formaciones políticas.
En la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, los responsables de estos partidos de la oposición piden que el concejal "responsable" asuma "cuantos gastos se deriven" del procedimiento judicial. Además, piden la comparecencia "urgente" en el Pleno del alcalde para que "pública y personalmente" explique "la verdad sobre este caso de acoso a una testigo del caso Gürtel en Boadilla".
En la exposición de motivos, APB y PSOE hacen alusión a la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social de Móstoles, con fecha de 24 de enero de 2014, donde "se condena al Ayuntamiento de Boadilla del Monte por acoso laboral a una trabajadora".
"Lejos de ser un simple conflicto laboral este asunto va más allá, la sentencia considera que la trabajadora Ana Garrido Ramos ha sufrido acoso laboral existiendo un responsable plenamente consciente de la misma, Adolfo Arias Javaloyes", aseguran en el texto.
A juicio de ambos partidos, se trata de un asunto "bochornoso para el municipio" a lo que suman que es "intolerable" que una trabajadora "sufra una situación de acoso laboral en una administración pública"- "Este caso se ve agravado por la condición de testigo del caso Gürtel de Ana Garrido Ramos", especifican.
"Este lamentable hecho va a suponer un coste importante a las arcas municipales, es decir, a todos los vecinos. Por una parte se ha de satisfacer el pago de profesionales jurídicos externos y costas, además de la indemnización a la trabajadora Ana Garrido Ramos. El coste para los vecinos será como mínimo de 96.000 euros", puntualizan.
Para APB y PSOE, el dinero de los vecinos del municipio "debe ser gestionado responsablemente" para poner a disposición de éstos "cuantos servicios públicos de calidad sean necesarios" y "nunca para satisfacer los gastos derivados de las malas prácticas de un concejal".
Por otra parte, entienden que el alcalde, Antonio González Terol, ha "decidido defender" al concejal condenado por acoso al no cesarle en su puesto. Además, le acusan de haberse negado a dar ninguna explicación pública sobre la sentencia o sobre las personas que "según las propias palabras de Adolfo Arias, consideradas probadas por el juez, dieron instrucciones al concejal para obstaculizar el trabajo de la empleada municipal", concluyen en su petición.
SENTENCIA RECURRIDA
Al respecto, en declaraciones a Europa Press, fuentes municipales han puntualizado que la sentencia no es firme y que está recurrida por lo que "ahora no tiene que pagar nadie". De este modo, han especificado que la condena es "al Ayuntamiento y no al concejal".
Desde el Consistorio han hecho alusión a las demandas presentadas por el portavoz de Alternativa por Boadilla, Ángel Galindo, asegurando que "ha perdido contra el Ayuntamiento más de 40 juicios" y que "ha sido condenado a costas".
"Al Ayuntamiento también le supone un coste el personal que se dedica a la defensa de las denuncias presentadas por Galindo. ¿Va a pagar él el coste que le suponen al Ayuntamiento estos juicios?", han concluido.
