La Asociación de Comerciantes reclama más de 6.000 euros por día de retraso y la constructora asegura que la obra está terminada
MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La apertura del Mercado de Torrijos, en la calle del General Díaz Porlier, en el distrito madrileño de Salamanca, lleva 14 meses de retraso como consecuencia de las discrepancias entre la asociación de comerciantes, Torrijos Plaza XXI, S.L., que reclama más de 6.000 euros por cada día de retraso en las obras, y la constructora Propiedades y Promociones Inmobiliarias Espacio, que asegura que la obra de reforma está terminada.
Según explicó el delegado de Economía y Empleo de la capital, Miguel Ángel Villanueva, en la comisión ordinaria del ramo, los comerciantes aseguran que la obra no está terminada porque existen varios locales en bruto, mientras que la constructora dice que Torrijos Plaza había pedido la entrega de esos espacios sin solar ni alicatar porque debían ser ocupados por otros operadores, en concreto un supermercado.
Como consecuencia de esto, los comerciantes no aceptan la recepción de la obra, y reclaman a la empresa constructora el pago de la penalización por retraso en los trabajos, que es de casi 7.000 euros, de los que 6.010 euros repercutirían en la propia asociación.
Sin embargo, Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio asegura que las obras se terminaron y fueron entregadas en plazo, y que además ya han abonado a los comerciantes 4,3 millones de euros entre los 2,2 millones que el contrato establecía como indemnización por lucro cesante más otros 2,1 millones "en el ámbito de su relación de colaboración privada", según detalló el concejal.
Ante estas incongruencias, el Consistorio decidió enviar un perito arquitecto que elaborara un dictamen independiente, en el que se estipula que "las certificaciones de obra se ajustaban al proyecto".
Además, el Ayuntamiento ha iniciado un expediente para la imposición de penalidades a Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio por la demora en la finalización de las obras, expediente que "ahora está sometido a consulta del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid para interpretar el contrato a petición de la constructora", apostilló Villanueva.
EL AYUNTAMIENTO DEBE INTERVENIR
Sin embargo, para la concejala socialista Isabel Vilallonga estas actuaciones no son suficientes, y el Ayuntamiento está "incumpliendo gravemente sus obligaciones" y debería intervenir para poner fin a un conflicto que, en definitiva, está perjudicando a los vecinos de la zona.
La edil argumentó que los locales entregados en bruto "representan el 51,46 por ciento de la superficie total del centro comercial, es decir, 1.476 metros cuadrados", y que el 16 por ciento de lo que sí ha sido alicatado y solado "tampoco posee los demás equipamientos".
"Por tanto, se ha entregado casi el 68 por ciento de la superficie comercial sin cumplir los requisitos que estaban establecidos en el pliego de cláusulas técnicas", continuó Vilallonga, señalando que la Asociación de Comerciantes aporta como pruebas "un acta notarial en la que hace constar el informe del arquitecto del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) de la Morena Castro, que da fe sobre el estado en que se encuentra el interior del centro comercial".
"El Ayuntamiento tiene mucho que ver, en tanto que vendió ese solar por más de 45 millones de euros", recordó la socialista, a lo que Villanueva espetó que el Consistorio sólo se comprometió a recalificar la parcela para hacerla de uso dotacional-residencial y a comprobar que el proyecto de reforma era aceptado por los comerciantes.
Así, "las premisas recogidas por el Ayuntamiento en el contrato administrativo se han cumplido y, con la compra del mercado por la sociedad, terminan legalmente las competencias del Ayuntamiento de Madrid según el contrato", continuó el delegado.
"La problemática entre Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio y la sociedad Torrijos Plaza, que puede estar suponiendo un retraso en la apertura del centro comercial, excede el ámbito de tutela del contrato de enajenación", zanjó el responsable de economía.
OCHO AÑOS DE PROYECTO
Aunque el retraso en la apertura del nuevo mercado llega a los catorce meses, en realidad el proceso de reforma de este espacio se prolonga ya ocho años, desde que en junio de 2002, siendo alcalde José María Álvarez del Manzano, se decidiera vender el suelo a los comerciantes por 45,6 millones de euros.
El proyecto, aprobado en septiembre de 2004, preveía una edificabilidad de 30.200 metros cuadrados en la parcela para 12.000 metros cuadrados de viviendas de precio libre repartidas en siete pisos, y 7.300 metros de cuadrados de mercado repartidos en dos plantas, más otros tres pisos de aparcamiento con 120 plazas y zonas de carga y descarga.
Desde el primer momento, PSOE e IU se opusieron al proyecto, calificándolo de "operación especulativa", pero el Ejecutivo local argumentó que con parte del dinero conseguido con la venta del terreno se construiría un nuevo polideportivo y un aparcamiento para residentes en el distrito (11 millones de euros) y que el resto se invertiría en el Plan de Mercados Municipales o en servicios para Salamanca.
Además, pasó más de un año (hasta mayo de 2005) hasta que se adjudicó el contrato para la enajenación de la parcela, y no fue hasta junio de 2006 cuando comenzaron los trabajos de demolición del viejo mercado. Aunque estos trabajos debían prolongarse sólo por 23 meses, casi cuatro años más tarde, los 63 comerciantes del mercado siguen reubicados en otras zonas comerciales y sin poder instalarse en sus puestos, y sigue sin vislumbrarse solución al conflicto.
