MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
La nueva ordenanza de licencias de actividad que regirá en el Ayuntamiento de Madrid salió adelante hoy en el Pleno ordinario con los votos en solitario del PP ya que PSOE e IU presentaron sendas enmiendas a la totalidad y advirtieron de la posibilidad de que colegios profesionales la nueva norma acabe en un Tribunal contencioso-administrativo.
Mientras la oposición manifestaba su temor porque con la nueva ordenanza aumenten los precios públicos por la tramitación de licencias y que esto derive en una parálisis a la hora de crear empresas y, por lo tanto, empleo, el delegado de Hacienda, Juan Bravo, echó por tierra los argumentos de que la norma contraviene la Ley del Suelo apelando a la autonomía de la Administración local, a lo que sumó que la ordenanza "se inspira en la filosofía de liberalización de servicios de la Unión Europea y en la Ley Omnibus, que el Consejo de Ministros aprobó en mayo tras realizar una transposición de la directiva".
Bravo defendió, además, que la entrada de entidades certificantes privadas, a las que abre la puerta esta ordenanza, no es una fórmula nueva, ya que este sistema se aplica tanto en la Administración regional, con la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y con la de Vehículos (ITV), como en la central, ya que el informe de valoración del estado de los usuarios en la Ley de Dependencia es llevado a cabo por empresas externas.
DEJACIÓN "EN PARTE" DE LAS FUNCIONES
Por su parte, el portavoz de IU, Ángel Pérez, puso el acento en la "dejación de parte de sus funciones" que introduce el equipo de Gobierno con esta nueva norma. "Dicen que el Ayuntamiento verificará el trabajo de las entidades colaboradoras, quienes comprobarán la documentación de los solicitantes, es decir, que el Ayuntamiento es competente para verificar lo que otros hacen pero es incompetente para hacer lo que estas entidades hacen. Su filosofía es se lo damos a otros y nos lo quitamos de encima", argumentó Pérez
Para IU, el problema actual de las licencias -con más de 21.000 atascadas a finales de 2008-- es la "dispersidad normativa, la falta de recursos y la descreencia en lo público". Por eso dijo que no le sorprendería que el día menos pensado al equipo de Gobierno se le ocurra "externalizar la oposición".
Pérez quiso concluir su intervención haciendo un guiñó al reciente Pleno del Estado de la Ciudad, en el que Alberto Ruiz-Gallardón anunció su intención de presentarse de nuevo como candidato a la Alcaldía en 2011. "IU-CM todavía no ha decidido quién va a encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Madrid porque, como bien saben, solemos decidir (estas cuestiones) en un debate fraternal", ironizó el líder municipal de IU.
Ante esto, el primer edil agradeció, en el mismo tono, la información pero mostró su "preocupación" porque el 'anuncio' se produjo mientras se debatía sobre la externalización. "No se si van a contratar a una asesoría (para elegir al candidato)", bromeó.
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL GUATEQUE
Asimismo, el portavoz socialista de Urbanismo, Pedro Sánchez, sostuvo que con la nueva ordenanza "se institucionalizará el Guateque al dejar en manos privadas lo que ya estaba en manos privadas" en el caso de corrupción destapado en el Consistorio. Además sostuvo que con la nueva norma se "alargará la tramitación y no se garantizará una mayor imparcialidad". También dijo que al cohesionarse esta nueva ordenanza de licencias de actividad con ya la existente, de 2005, degenerará en "confusión e inseguridad". Para el socialista, en resumen, la situación es tal que se pasa del "Gobierno de la excelencia al de la excedencia".
Los argumentos de la oposición fueron desestimados por el delegado de Hacienda, quien negó que los precios por la tramitación de licencias no subirá, algo que dijo que se demostrará cuando, en otoño, se fijen los nuevos precios públicos, a lo que añadió que con lo hoy aprobado "se reforzará el papel de la función pública en disciplina urbanística".
La actual Ordenanza de Tramitación de Licencias Urbanísticas (OMTLU), de 2004, continuará vigente para aquellas solicitudes de obras en uso residencial y otras expresamente excluidas. Trata de dar solución al atasco de licencias que tiene el Ayuntamiento de Madrid, más de 21.000, acumuladas en los últimos años.
