MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Aranjuez ha asegurado este martes que en la rehabilitación de la Casa de la Monta y la recuperación de la Dehesa de Sotomayor, el Gobierno regional "sólo" autorizará aquellas actuaciones que se ajusten "estrictamente a la legalidad urbanística, medioambiental y de protección del patrimonio histórico vigente".
Así responde el tercer teniente de Alcalde y concejal delegado de Urbanismo, Obras y Servicios y Vivienda del Ayuntamiento de Aranjuez, Fernando Gutiérrez, tras las críticas que han recibido con esta actuación, una idea que ha calificado de "ambiciosa y compleja" e "impulsada" por la Comunidad de Madrid.
En un comunicado, el edil ha detallado que se realizará a través de la iniciativa privada e "incidirá sobre la recuperación histórica de un entorno de singular importancia como es la Casa de la Monta y la Dehesa de Sotomayor". La culminación del proceso podría suponer la creación de hasta un total de 2.000 puestos de trabajo y generará una inversión de 15 millones de euros, según ha recordado.
Dado el estado actual de la tramitación legalmente prevista, la empresa ha dado a conocer un anteproyecto que inicia el trámite del procedimiento de impacto ambiental y el de calificación urbanística, "de modo que el proceso actual es el de elaboración de los diferentes informes técnicos".
"Quienes en esta fase denuncian o aventuran lo que sucederá en el futuro falsean la realidad ejerciendo de adivinos porque hasta que no esté concluido el procedimiento legal es una frivolidad irresponsable denunciar nada", ha entendido el concejal, quien ha señalado que "no se conocen las actuaciones concretas que se podrán llevar a cabo en ese entorno histórico".
No obstante, ha insistido en que estas actuaciones "estarán condicionadas por su viabilidad ambiental y por su respeto a los diferentes niveles de protección que afectan a las distintas partes de la superficie que el proyecto integra".
"Debemos dar por seguro que la Comunidad de Madrid sólo autorizará aquellas actuaciones que se ajusten estrictamente a la legalidad urbanística, medioambiental y de protección del patrimonio histórico vigente, igual que los ribereños pueden confiar sin ninguna duda en que desde el Ayuntamiento velaremos porque así sea", ha apuntado.
Por otro lado, ha apuntado que "no puede afirmarse que vaya a producirse desalojo alguno" porque, entre otras cosas, "se desconoce, en el estado actual de la tramitación legal, si la rehabilitación de esta zona va a afectar a las edificaciones habitadas" y, porque llegado el caso, por parte del Gobierno regional "se daría un tratamiento individualizado a cada una de esas familias a las que, por supuesto, se les respetarían todos sus derechos".
