PSM reprocha que Aguirre vaya más allá que el Decreto gubernamental y PP justifica que "no va a hacer como Zapatero, mal estudiante, que lo deja para el final"
MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó hoy, con el voto a favor del PP y los tres diputados no adscritos, la abstención del PSOE y el rechazo de IU, la bajada de sueldo de unos 200.000 trabajadores de la Comunidad de Madrid, incluidos los miembros del Gobierno regional, funcionarios, personal estatutario y contratado, así como los empleados de las empresas públicas. El gobierno regional calcula en 400 millones de euros anuales el ahorro que supondrá este recorte.
La anécdota de este pleno extraordinario corrió a cargo del diputado socialista Francisco Cabaco, que votó en contra del dictamen de la Ley, aunque aclaró posteriormente que fue un error, pues de hecho en la votación sobre el informe y las enmiendas se pronunció igual que el resto de su grupo parlamentario.
En concreto, la Ley de Medidas Urgentes, que modifica los Presupuestos de 2010 y traspone el decreto del Gobierno central para la reducción del déficit público, hará efectiva en la nómina de junio una bajada de cerca de un 5% del sueldo de los empleados públicos, de un 17% del salario de la presidenta regional respecto al establecido en el Presupuesto de la Comunidad de 2008 y de un 12%, en el caso de los vicepresidentes y consejeros regionales.
La norma también contempla una bajada en las retribuciones de los médicos, profesores, personal de las universidades públicas y centros universitarios, así como personal de Telemadrid.
PSOE se ha abstenido porque la norma autonómica aprovecha el decreto del Gobierno para aplicar la bajada salarial también a los trabajadores de empresas públicas, algo que no contempla la directriz nacional. IU argumentó su rechazo a este recorte en que el déficit público se debe abordar vía ingresos, pero se da el caso de que el Gobierno de Aguirre ha perdido 4.800 millones de euros por su "política de regalos fiscales".
Además de recortar el sueldo a los miembros del Consejo Consultivo y miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia, con efectos de 1 de junio de 2010, también se reducirá un 11% el salario de los viceconsejeros; y un 10%, el de directores generales, secretarios generales técnicos, altos cargos con mismo rango y organismos autónomos, así como del resto de altos cargos.
El portavoz popular, Pedro Muñoz Abrines, consideró que este decreto es "la historia de un gran fracaso, el del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, demuestra el descrédito del Gobierno socialista y significa un clamoroso suspenso".
A su juicio, el recorte prueba que "las políticas de improvisación no han llevado absolutamente a nada, sólo al deterioro de la credibilidad internacional de España". Acusó al PSM de funcionar a "toque de silbato de Zapatero" y reprochó que ahora deban tomarse estas medidas por el "incremento espectacular del déficit, porque no todo el mundo ha tenido un déficit del 11,2%, algo que estaba afectando a la moneda única".
Respecto a lo reproches socialistas de que los recortes en Madrid van más allá de lo establecido por el Gobierno, Abrines fue contundente: "Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid no vamos a ser como el presidente, mal estudiante que lo deja todo para septiembre".
"Ustedes no quieren que la Comunidad de Madrid vaya más allá, ¿acaso no comparten la idea de que es más justo, equitativo y homologable que todos los empleados del sector público hagan el mismo esfuerzo?", lanzó a la bancada socialista, para responder, irónicamente, que tal vez sea mejor diferenciar entre los trabajadores que han aprobado una oposición y los que no.
REPROCHES SOCIALISTAS
Según el portavoz socialista de Presupuestos y Hacienda, Adolfo Piñedo, si esta Ley hubiese recogido solamente el Decreto gubernamental, "por coherencia", los socialistas hubiesen votado a favor, pero la adaptación regional "va más allá en dos aspectos: Uno, ampliar al sector empresarial de la Comunidad de Madrid la reducción salarial, lo que contraviene expresamente el Real Decreto, y, dos, vulnera el acuerdo de los funcionarios docentes".
Las 3 enmiendas planteadas por el PSM, rechazadas en el pleno, buscaban suprimir la disposición que amplía la reducción salarial a las empresas publicas, "lo que ahorraría un conflicto"; mantener el acuerdo con el personal docente y crear un registro de personal directivo similar al estatal.
Piñedo subrayó que el Real Decreto excluye expresamente a las empresas públicas, aunque ello "cree agravios comparativos, pero el legislador pretende no extender el recorte al ámbito de las empresas" porque su objetivo surge de la crisis de mayo y es reducir, por mandato del Ecofin, 15.000 millones de euros en dos ejercicios. "Esta cifra no es una broma, es la que se acordó en el Ecofin, para hacer frente a la crisis de mayo. Lo que pide el Estado es aplicar lo que dice el Decreto, y si van más allá es su decisión", señaló el socialista, que dijo además tener "serias dudas de que sea legal" su aplicación a los trabajadores de las empresas públicas.
"En efecto el Constitucional ha señalado que excepcionalmente las leyes pueden desactivar pactos escritos en convenios colectivos, pero como la competencia en materia laboral no es autonómica sino estatal, cabe la duda de que las comunidades autónomas puedan hacer esto", observó, al tiempo que recordó que el propio PP ha introducido una enmienda que permite flexibilizar la reducción salarial a los trabajadores de Metro. "Es evidente que esa excepción tiene algo que ver con la huelga, pero si esa flexibilización es buena para el Metro, ¿por qué no se aplica para el resto de las empresas?", se preguntó.
"¿En qué cabeza cabe tomar medidas impopulares si no son necesarias?", se preguntó el portavoz socialista, que recordó que incluso en la reunión del G20 de Toronto hay quien opinó que es demasiado pronto para aplicarnos a esta tarea de recorte del déficit.
El portavoz de IU en materia presupuestaria, Miguel Reneses, afirmó que votan en contra de la ley, ya que rechazan el Decreto del Estado, que supone un "ajuste duro, baja salarios, congela pensiones, afecta a la Ley de Dependencia, a las ayudas a las familias y a las inversiones públicas". Además, se oponen a la norma autonómica porque amplía a los trabajadores de empresas públicas madrileñas la reducción salarial prevista para los trabajadores públicos.
Reneses, que destacó que el problema existente es el déficit público y el endeudamiento privado de las familias, abogó por recaudar dinero a través de la vía de los ingresos con una política fiscal progresiva y poniendo fin a las "revolucionarias" políticas fiscales del Ejecutivo de Aguirre.
Reneses criticó la existencia del endeudamiento de las familias, que se debe a "los bajos salarios, el deterioro de los servicios públicos y del estado social" que ha habido en los últimos años, y consideró que las medidas que hoy se aprueban ahondan en este sentido porque "sacrifican la creación de empleo", suponen "más recesión" y tan sólo buscan "mantener los privilegios de la banca y grandes fortunas".
El parlamentario de IU, que criticó que estas medidas "neoliberales" van más allá de lo propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a la polémica de que la Comunidad de Madrid haya extendido la rebajada salarial a los empleados de las empresas públicas como Metro, estos días en huelga.
Así, reclamó a los populares que recorten, pero no de los salarios de trabajadores, sino de privatizaciones y cánones en la sombra, ya que el gasto comprometido "sale tres veces más caro que la gestión tradicional".
