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MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de la Asamblea de Madrid ha habilitado el mes de julio, que formalmente es inhábil, para poder llevar a pleno el proyecto de ley para adaptar la normativa de la Comunidad a la reforma local aprobada por el Gobierno central en diciembre y el dictamen de la Comisión de Estudio sobre la Posible Reforma de la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid.
Aunque todavía no se han fijado las fechas de los próximo plenos, se han propuesto los días 15 y 22, el primero de ellos para debatir las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad el pasado jueves.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz del Grupo Popular, Íñigo Henríquez de Luna, ha dicho que la tramitación de este proyecto de ley es una "prioridad", porque afecta a muchos servicios públicos esenciales, los cuales "estaban en el aire" sin esta ley de adaptación, que proporciona un marco jurídico para que los ayuntamientos puedan prestar esos servicios con "garantía y certidumbre".
"Ésa es la razón de ser de la urgencia con la que el Gobierno ha mandado la tramitación de esta ley", ha dicho el portavoz 'popular' en respuesta al portavoz adjunto del Grupo Socialista José Quintana, quien previamente se había quejado de que el PP hubiera rechazado una petición de su grupo para habilitar este mes para la celebración de comisiones y plenos para plantear iniciativas de control al Gobierno y, sin embargo, lleve al pleno temas que, a su juicio, no son tan urgentes para los madrileños.
Quintana ha adelantado que su grupo va a presentar una enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley al entender que la reforma local es un "ataque a la autonomía municipal", que se traduce en quitar los servicios sociales que prestan desde su "cercanía a los problemas reales de los ciudadanos".
En la misma línea se ha pronunciado la portavoz adjunta de IU Eulalia Vaquero, quien también ha adelantado la intención de su grupo de presentar una enmienda a la totalidad contra un reforma que "atenta a la autonomía municipal y, en consecuencia, repercute en la ciudadanía, en los servicios públicos que han venido gestionando los ayuntamientos y que se reducen drásticamente".
Para el portavoz adjunto de UPyD Ramón Marcos, se trata de una reforma "regresiva, porque es dar poder a las Diputaciones Provinciales que es una de las instituciones con mayor corrupción en nuestro país".
ELECCIÓN DIRECTA DE ALCALDES
En cuanto a la propuesta del presidente de la Nación, Mariano Rajoy, de que los alcaldes sean elegidos de forma directa, desde UPyD, Marcos ha calificado la propuesta de "trampa" y ha advertido de que se puede dar el caso, con la fragmentación que hay de los votos, de que haya un alcalde con poco más de un veinte por ciento de los votos, "una situación de franca regresión democrática" y que potencia la corrupción.
El diputado magenta, así como el portavoz adjunto del Grupo Socialista José Quintana ha afirmado que el PP pretender mantener el poder municipal a pesar de perder los votos en las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Por su parte, la portavoz adjunta de IU Eulalia Vaquero ha acusado al PP de lanzar "un debate interesado" y de intentar que le hagan "un traje a medida", al tiempo que ha defendido que tan democrático es que salga la lista más votada como que los partidos lleguen a un consenso para elegir a un alcalde.
EVITARÍA PACTOS CONTRA NATURA
Mientras, Henríquez de Luna ha dicho que es una propuesta "positiva", que "ayudaría a que muchos pactos contra natura no se pudieran producir", "daría estabilidad" y "evitaría corruptelas".
En cuanto a la posible reforma del sistema electoral de la Comunidad, el portavoz popular ha reiterado que la propuesta del PP no requiere reformar el estatuto de autonomía sino tan solo la ley electoral, aunque su grupo intentará llegar al mayor acuerdo posible hasta el final, porque es bueno que las reglas del juego se consensúen.
Por su parte, todos los grupos de la oposición han insistido en la necesidad de reformar el estatuto de autonomía para llevar a cabo la reforma que propone el PP, lo que requeriría el apoyo de dos tercios de la Cámara.
