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La oposición cree que la norma atenta contra el medio ambiente y es "absurda"
MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Asamblea de Madrid ha rechazado este miércoles, con los únicos votos del PP, las enmiendas a la totalidad al Anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles que han presentado los grupos parlamentarios de la oposición, que consideran que la norma atenta contra el medio ambiente y es "absurda".
En la sesión de este miércoles, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio, Ana Isabel Mariño, ha defendido esta norma, que permitirá que los madrileños puedan construir una casa en las fincas rurales que no se encuentren en terrenos protegidos por la legislación sectorial y que, según ha aseverado, no dañará el medio ambiente.
En este sentido, ha considerado que este modelo de construcción fomentará que los dueños de estas viviendas "ejerzan labores de vigilancia, mejora ambiental y de preservación de la flora y fauna" de la zona en la que esté ubicada, así como la prevención de incendios forestales.
Mariño, que ha dicho que en la región hay "demanda potencial" de este tipo de construcciones, ha señalado que la sociología del urbanismo apunta a la concentración de residentes en centros urbanos y su vaciamiento como un "fenómeno compartido en casi todas las ciudades modernas".
Asimismo, ha resaltado que un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y de la patronal del sector inmobiliario apunta a una tendencia de "desconcentración residencial con flujos a la periferia".
La consejera ha explicado que serán casas unifamiliares y ha señalado que estas viviendas sólo se podrán construir en suelo no sujeto a protección sectorial y cuando su régimen jurídico no prohíba su uso residencial, por lo que quedan excluidos los PORN, la Red Natura 2000, las reservas de la biosfera y los parques regionales.
Ha recalcado que "una casa sostenible puede aminorar costes de fabricación y mantenimiento un 60 por ciento respecto a un casa común" y ha destacado que estos inmuebles pueden generar in situ toda la energía que necesitan.
Además, ha insistido en que "en ningún caso el carácter residencial dará lugar a una urbanización tradicional", ya que "se trata de casas unifamiliares y aisladas". Así, ha aseverado que la ley sólo busca la "defensa de una libertad racional y ética" y ha asegurado que no pone "en tela de juicio ningún dogma de la ecología".
PSOE: "NO ES MODERNO", SINO DEL "SIGLO XVII"
Desde el PSOE, el diputado Antonio Fernández Gordillo ha comenzado diciendo que un planeamiento basado en diseminar parcelas "no es moderno", sino del "siglo XVII", y ha defendido que "el suelo es una recurso natural escaso y no renovable, máxime en regiones como la de Madrid", que están altamente pobladas.
En este punto, ha citado varias organizaciones que se oponen a esta medida, ha considerado que la norma "puede poner en peligro valores de los montes" y ha destacado que hay organizaciones que han alertado del posible riesgo de incendios forestales.
"Prometieron que jamás se urbanizaría sobre el Monte Abantos y este proyecto permite la urbanización del Monte Abantos", ha exclamado Fernández Gordillo, que ha criticado el "todo urbanizable" que, en su opinión, el PP "lleva en sus genes".
Así, ha dicho a la consejera que el proyecto está destinado a "unos pocos que quieren vivir en el campo a costa del medio ambiente de todos" y les ha acusado de legislar "para una inmensa minoría en esta región".
"Van a hacer como el caballo de Átila: machacar el medio rural", ha denunciado y ha rechazado el tipo de "sociedad asocial" en que se basa esta norma, donde "las personas no tienen necesidad de relacionarse con otras".
Frente a esto, ha abogado por revitalizar los núcleos rurales tradicionales en lugar de suprimir ayudas a la rehabilitación y evitar la ocupación de suelos vacantes.
IU: UNA "LEY CRIMINAL"
"Es una ley criminal contrapuesta al interés general", ha aseverado la diputada de IU Carmen Villares, quien ha insistido en que la norma es una "aberración conceptual" y supone "una vuelta más al liberalismo ideológico" trasladada a este ámbito. Y es que, a su juicio, estamos ante "algo muy grave: la estrategia de la privatización del medio ambiente".
Villares, que ha criticado que se podrán construir miles de viviendas en el Parque Regional de la Cuenca alta del Manzanares, ha señalado que estas construcciones no son "ni rurales, ni sostenibles" y ha apuntado que esta ley promoverá las "islas urbanizadas dispersas sin controles públicos".
"Queda servida la degradación del territorio", ha destacado y ha reclamado la "tutela de los poderes públicos" para evitar fraudes. "Esta región no necesita ni más casitas, ni más especulación, ni desregulación, ni castas de privilegiados, ni más mamandurrias", ha exclamado y ha indicado que esta ley va destinada a "un nuevo tipo de residente privilegiado"
"Es una ley tóxica, regresiva y desreguladora", ha resaltado, y ha reclamado a los 'populares' que "salga a ver Madrid" y no muestren "desprecio por la gente ni al debate en la Cámara".
UPYD: "ABSURDA Y DISPARATADA"
Por su parte, el diputado de UPyD Gabriel López ha criticado que en la situación que vive el país la Asamblea se reúne "no para hablar de los problemas que afectan a los madrileños", como la situación económica o Caja Madrid, sino para hablar de una Ley "absurda, disparatada, rechazada por todos los expertos y con incidencia nula en la solución de los problemas reales que preocupan a los madrileños".
López también ha criticado las formas, y en este punto, ha destacado la "celeridad atropellada" en su elaboración", su "paupérrima calidad técnica" y las "prisas" para su debate parlamentario, pero también ha considerado que "atenta contra la sostenibilidad de núcleos rurales y promueve la dispersión de los núcleos poblacionales".
"No existe una legítima demanda social", ha aseverado López, quien ha destacado que la demanda de vivienda está condicionada por la "burbuja inmobiliaria", cuyo estallido pone de manifiesto "la dificultad" de los ciudadanos de acceder a la vivienda.
Mientras, el diputado del PP Álvaro Gonzalez ha sido el encargado de respaldar la ley, que da ""más libertad, piensa en las personas, en los pequeños municipios y el medio ambiente".
"No podemos negar a los madrileños la posibilidad de estar en la naturaleza", ha exclamado González, que ha reclamado a los grupos que retiren sus enmiendas a la totalidad y que ha negado que esté hecho para ricos. "¿Sabe lo que es de ricos? Pagar 13.000 euros de alquiler al mes por su sede en Callao? Eso sí es de ricos", ha recalcado.
MÍNIMO, SEIS HECTÁREAS
Los requisitos contemplados para poder disfrutar de una vivienda rural de estas características pasan por que la superficie mínima de la parcela sea de seis hectáreas, que la altura máxima sea de 3,5 metros y una planta o que la distancia mínima entre dos viviendas sea de 250 metros.
La construcción de viviendas, sólo una casa unifamiliar por parcela, deberá estar basada en conceptos de sostenibilidad. Además, tienen que ser edificaciones de una sola planta que no modifiquen la rasante natural del terreno y realizarse con el menor impacto visual posible.
También se deberá preservar el arbolado de las parcelas y compensar con especies autóctonas a razón de tantos ejemplares adultos como años tuviera el ejemplar trasplantado.
Asimismo, los propietarios estarán obligados a correr con la totalidad de las obras de acondicionamiento e instalaciones, así como a garantizar la sostenibilidad de su vivienda, sin instalaciones previas que supongan una carga económica para las administraciones.
De hecho, no podrán exigir ni a la Comunidad ni a los ayuntamientos ningún tipo de inversión relacionada con el suministro de agua, luz, gas, recogida de basuras o accesos, que deberán correr a su costa.
