La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas se persona como acusación popular contra la directora del IVIMA

Actualizado: viernes, 4 julio 2014 19:19

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) se ha personado como acusación popular en la querella por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada contra la directora de la institución Ana Gomendio, según ha informado en un comunicado la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

Gomendio deberá prestar declaración el lunes 3 de septiembre en el Juzgado nº 48 de la Plaza de Castilla, tras haber sido aplazada su primera declaración, prevista para el pasado 9 de junio, ha informado.

En palabras de los promotores de la AVVI, "la asociación nace para defender los hogares de todas las familias y personas afectadas", así como "proteger a la vivienda pública sufragada por todos los habitantes de la Comunidad de Madrid de la especulación".

El Gobierno regional vendió el verano pasado 2.935 viviendas del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora por un precio de 201 millones de euros, un precio "bastante menor de lo que costó construirlas a los contribuyentes madrileños y muy por debajo también de lo que estos fondos privados pretenden obtener al venderlas", ha explicado la FRAVM.

Según advierte la AVVI, en los próximos días "familias de escasos recursos serán desahuciadas por no poder afrontar el alquiler tras perder las ayudas". Además, a los vecinos que están en régimen de alquiler con derecho a compra (Plan Joven de la Comunidad de Madrid) se les "ha negado el derecho de retracto para adquirir las viviendas al mismo precio al que fueron adjudicadas a Goldman Sachs-Azora" (unos 60.000 euros de media por vivienda), ha informado la federación.

Por todo ello, "AVVI ha solicitado al juez medidas cautelares para paralizar desahucios y expulsiones hasta que haya una resolución judicial definitiva, ya que, de lo contrario, se produciría un grave perjuicio para las personas que sean desahuciadas por no poder pagar las nuevas cuotas o expulsadas de sus viviendas por esta adjudicación".