MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Madrid ha rechazado el recurso del Grupo Municipal Popular contra el archivo de la querella interpuesta por el PP contra la exdelegada de Medio Ambiente y Movilidad Inés Sabanés en relación al caso Bicimad por entender los 'populares' que el precio de 10,5 millones que pagó el anterior Ayuntamiento pudo ser lesivo para las arcas públicas.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los magistrados acuerdan desestimar un recurso interpuesto por el Grupo Municipal Popular contra el auto dictado el pasado 24 de mayo que decretó el archivo de las diligencias. Por tanto, confirma el sobreseimiento de la causa.
El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid archivó el caso al entender que no quedaba acreditado que el precio pactado entre la EMT y la empresa Bonopark y la EMT para la cesión del contrato de Bicimad a la empresa pública municipal fuera superior al valor de los activos que fueron transmitidos.
El juzgado consideró que de las diligencias de investigación llevadas a cabo "no ha quedado suficientemente acreditada la concurrencia de los elementos que integran los delitos que se imputan a los querellados".
Los magistrados señalan en el auto que lo que revela las actuaciones es "una discrepancia jurídica" en orden a si era posible la cesión a la EMT, subrogándose en la situación de Bonopark, o si por el contrario lo realizado fue una de remunicipalización encubierta o fraudulenta, dado que la EMT es financiada por el propio ayuntamiento para el pago de la cesión de negocio y no actuaría como operador económico propio".
"La pretendida ilegalidad no reviste los caracteres que hemos expuesto con relación al delito de prevaricación, y así lo pondría de manifiesto los propios términos del debate", agrega el texto judicial.
Además, señala que el propio informe de la recurrente revela la mala situación económica financiera de Bonopark, algo que "también aparece ya en la Comisión de investigación en orden a las dudas sobre la capacidad de Bonopark para cumplir sus compromisos al tiempo de serle adjudicado el contrato, y ello pese a ser la mejor oferta de las presentadas".
Por tanto, señala la Sala, es "lógica la preocupación del Ayuntamiento de Madrid --en alusión al anterior--, y concretamente de Inés Sabanés, en cuanto exdelegada del área de gobierno de Medio Ambiente y Movilidad de la indicada corporación, de garantizar la continuidad en la prestación de ese servicio de bicicleta pública, y la solución adoptada no parece responder a un interés arbitrario o particular, ajeno al interés público, de ninguno de los querellados".
QUERELLA DEL PP
Los populares interpusieron el año pasado una querella contra Sabanés y el exgerente de la EMT Álvaro Fernández Heredia por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, al sostener que había sospechas de irregularidades en esta operación pues el precio abonado de 10,5 millones a Bonopark era "lesivo" para las arcas municipales y superior.
El PP aseguraba que no se justificaba que la cesión fuera la opción "más favorable y lo más rentable" para los intereses del Ayuntamiento, toda vez que haber pagado el reequilibrio económico hubiera supuesto gastar 7 millones de euros menos.
