Desestima un recurso interpuesto por la Comunidad y determina que Madrid incumplió los acuerdos sobre la Incapacidad Temporal de 2005 MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Esperanza Aguirre incumplió los acuerdos suscritos en mayo de 2005 entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad, dirigida entonces por Manuel Lamela, para mejorar el control y la gestión de la Incapacidad Temporal (IT).
En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la Audiencia Nacional da la razón al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), al desestimar un recurso de la Comunidad de Madrid contra la negativa del organismo de transferirle 4 millones de euros por no cumplir los requisitos del acuerdo que implicaban una mejora en la gestión de la IT.
El convenio establecía un programa de actividades para el control de la Incapacidad Temporal y fijaba el objetivo anual de racionalización del coste de esta prestación, con el objetivo de estabilizar el gasto y propiciar un descenso del mismo hasta situarlo en niveles más bajos.
Pese a que la Comunidad de Madrid alcanzó "un cero por ciento" de cumplimiento del objetivo fijado sobre la racionalización de costes, el Ejecutivo de Aguirre percibió dos millones de euros, la mitad de la cantidad total presupuestada.
Por ello, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 entiende ahora que "no cabe efectuar reproche alguno a la liquidación" en aras de la pretendida proporcionalidad.
INFORMATIZACIÓN DE LOS PARTES.
Otro de los aspectos estipulados por el acuerdo de 2005 se refería al cumplimiento del objetivo de informatización de los partes de la IT y su trasmisión telemática a la Seguridad Social. En su recurso, la Comunidad sostenía que se ajustó en un "cien por cien" a la regulación del convenio y aseguró, al respecto, que lo acreditaría a lo largo de la instrucción.
Pero, según la sentencia, "ha sido precisamente su Consejería de Sanidad la única que no ha contestado el oficio a tal efecto", mientras que "el Ministerio de Sanidad sí ha remitido los datos que se le han solicitado, que acreditan el presupuesto fáctico de la legalidad de su liquidación".
