MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón aseguró hoy que la ordenanza de vados de 2005, objeto de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), contempla no sólo la recaudación de la tasa, "sino también el fruto de las labores de lucha contra el fraude".
El Ayuntamiento, que puntualizó que podrán alcanzarse los 45.000 vados a finales de este ejercicio, matizó que la nueva regulación de la tasa "posibilita que afloren más de 10.500 vados desde 2002, un 35 por ciento más".
Las declaraciones se produjeron tras las afirmaciones realizadas por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, tras la presentación de una campaña con la que pretenden que los vecinos puedan reclamar el dinero "indebidamente pagado" por la tasa de vados del Ayuntamiento de Madrid después de que una sentencia del TSJM, fechada en diciembre, declarara nulo el acuerdo del Pleno por el que se modificó la ordenanza fiscal con efectos recaudatorios desde 2006.
Según Lucas, en el año 2006 el alcalde "cambió la configuración de la tasa multiplicando por cinco los recibos a pagar por los propietarios de los vados", lo que supuso que quien en 2005 pagaba 165 euros por dicha tasa, tres años después se encuentra con un recibo de 813 euros.
En este sentido, el equipo de Gobierno puntualizó uno de los ejemplos mostrados hoy por el PSOE, el referido a una vivienda unifamiliar, "aunque no es precisamente la vivienda tipo de Madrid". De este modo, el garaje unifamiliar de 30 metros cuadrados en categoría 5 pasó de pagar 138,4 euros a 400,5. "En Barcelona, donde gobierna el PSOE, se paga por este mismo vado un 57 por ciento más, esto es, 628 euros".
SENTENCIA RECURRIDA POR EL AYUNTAMIENTO
Asimismo, el portavoz socialista afirmó que la sentencia, recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, "no justifica el descomunal incremento de la tasa y no lo hizo porque el aumento sólo dio por motivos recaudatorios".
Fuentes próximas al Ayuntamiento matizaron que es "completamente falsa" esta afirmación ya que lo que dice la sentencia es que el informe económico que acompaña a la modificación de la tasa "carece de un elemento esencial porque adolece de ausencia de justificación de datos y de criterios que deben incluirse en el expediente, tales como la Ponencia de Valores del Catastro".
Las mismas fuentes recordaron que la sentencia no es firma y ya ha sido recurrida en casación ante el Supremo por el Ayuntamiento. "Por tanto, la norma sigue vigente y sigue siendo de plena aplicación, motivo por el que a los contribuyentes que no cumplan con su obligación de pago les será exigible su importe con los recargos del periodo ejecutivo e intereses, en su caso", apuntaron.
Desde el Gobierno municipal añadieron que el PSOE "sigue el juego a las grandes superficies" ya que el recurso inicial contra la ordenanza fue interpuesto por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución.
Por otro lado, el portavoz socialista criticó hoy que el PP subió los impuestos un 86,3 por ciento entre 2002 y 2008. Entre ellos destaca el IBI, que incrementó un 158 por ciento mientras que el IPC lo hizo en un 22,4.
Fuentes próximas al Gobierno municipal explicaron que el aumento del presupuesto del IBI proviene "no tanto de la actualización de los tipos del impuesto" sino que en gran parte obedece a "la revisión catastral que se realizó en 2001 por parte del Estado, al incremento anual de unas 50.000 viviendas al censo del IBI, a las casi 70.000 unidades urbanas que se han descubierto y que no tributaban en el impuesto".
Las mismas fuentes adelantaron que mañana se hará público un informe encargado a la Universidad Complutense de Madrid por la Oficina del Defensor del Contribuyente a petición del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el que se analiza cuántos tributos pagan los madrileños anualmente y cuanto representan los que van al Estado, a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid.
En este sentido, añadieron que de cada 100 euros que paga cada madrileño en tributos, 60 van a parar a las arcas del Estado, 34 a las de la Comunidad y tan sólo 6 al Ayuntamiento.
