12 de noviembre de 2019
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  • 29 de julio de 2009

    Ayuntamiento pedirá al Gobierno que compense por los más de 100 millones de IBI que no percibe por exenciones estatales

    IU reclama que también se solicite compensación por lo que la Iglesia no tributa, y el PSOE recuerda que fue el PP quien modificó la Ley

    MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

    El Ayuntamiento de Madrid, por acuerdo plenario adoptado hoy gracias a los votos del PP y de IU y con el rechazo socialista, exigirá al Gobierno de la Nación que compense a las haciendas locales por los tributos que dejan de cobrar a cuenta de exenciones y bonificaciones acordadas por el Estado al negociar tratados internacionales, que en la capital y sólo en materia de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) asciende hasta los 100 millones de euros, llegando a los 117 si se tienen en cuenta otros impuestos.

    El delegado de Hacienda, Juan Bravo, explicó hoy que para el Ejecutivo central "es fácil conceder exenciones cuando son otros los que pagan, es más fácil llegar a acuerdos con terceros cuando se invita con fondos de otros, que tristemente son una vez más los ayuntamientos". "El Estado tira con pólvora", sentenció.

    Como ejemplos, se preguntó por qué los aeropuertos pagan IBI mientras las estaciones de tren no lo hacen, o por qué los propietarios de viviendas y establecimientos en edificios protegidos no tienen que tributar mientras el resto de vecinos pagan sus impuestos religiosamente. O por qué "no se compensa la exención de IBI que el Gobierno de España, a través de tratados internacionales, cierra con asociaciones u organismos internacionales".

    Y es que en España, ni los edificios de la iglesia, ni las embajadas, ni las sedes del Gobierno central y de la Comunidad de Madrid, ni otras muchas instituciones y empresas que ocupan edificios histórico-artísticos pagan IBI, lo que al Consistorio madrileño le supone unas pérdidas de 100 millones de euros al año, que llegan a 117 millones si se tienen en cuenta todos los tributos locales, según datos de Bravo.

    "Parece razonable, por tanto, que si el Estado, por razones internacionales, sociales o culturales, quiere otorgar exenciones fiscales en tributos locales, lo soporte compensando a las corporaciones locales por la pérdida de recaudación tal y como pone en la Ley reguladora de Haciendas Locales. Pero si el Estado no considera adecuada la compensación, pedimos que al menos dé la posibilidad a las entidades locales para que esas bonificaciones o exenciones fiscales lo sean por beneficios fiscales potestativos, es decir, que sea cada ayuntamiento con sus ordenanzas el que establezca qué bonificaciones fiscales quiere establecer para los ciudadanos de su ciudad", propuso Bravo.

    IU APOYA CON MATICES

    El portavoz de IU en Hacienda, Daniel Álvarez, celebró la propuesta 'popular', con la que compartió "la filosofía, pero con matices". En primer lugar, mencionó la "cantidad importante de patrimonio eclesiástico que tampoco tributa impuestos municipales". "Creemos que los concordatos con los estados teocráticos deben ser eliminados y, si esta propuesta sale adelante, creo que se sumarán a nuestra propuesta de eliminación de este concordato en tanto en cuanto también afecta a la tributación local y a la financiación de una confesión muy concreta que ya tiene suficientes beneficios en este país", propuso.

    Ante esto, el responsable de Hacienda le recordó que derogar concordatos es potestad exclusiva del Gobierno de la Nación, pero aseguró que en su reclamación de compensación también se incluye el IBI no pagado por los inmuebles que la Iglesia tiene en Madrid.

    Por otra parte, Álvarez se refirió a una propuesta presentada por su Grupo en Pleno para aplicar una tributación especial a los inmuebles del eje Prado-Recoletos en función de su mayor beneficio de la obra de reforma de la zona. "Eso no suponía una reforma tributaria y era posible, mientras que ahora nos plantean una propuesta que supone una reforma de actual marco tributario de las haciendas locales", consideró.

    "No lo aprobamos porque habría supuesto un tratamiento discriminatorio para unos vecinos con respecto a otros que también se han visto beneficiados por obras en los últimos años, y porque creemos que el principio no debe estar tanto en función de la ubicación de la obra como de la capacidad económica de los tenedores de la vivienda", recordó Bravo.

    IU también reclamó que, en paralelo a esta medida, se abra un debate sobre la Ley de Patrimonio regional y estatal para garantizar "el mantenimiento y conservación de los inmuebles protegidos", a la par que exigió que las tributaciones y las compensaciones se calculen en función de la renta de los tenedores de los inmuebles.

    "Este Gobierno fue el que solicitó incorporar en el Catálogo de Demandas al Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una modificación del IBI para establecer tipos progresivos con una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota en función de la capacidad del tenedor de la vivienda; sólo depende de que el Gobierno de la Nación mueva ficha", recordó el concejal 'popular'.

    ES UNA LEY DEL PP

    Por su parte, el portavoz del PSOE, David Lucas, manifestó su "sorpresa al escuchar a Bravo formular estas preguntas cuando (se habla) del modelo de Ley de Haciendas Locales que aprobó y dejó en vigor el PP tras los gobiernos de (José María) Aznar". "Le recuerdo que es el modelo de 2002, que entró en vigor en 2004, y que fue el PP quien lo impulsó y aprobó", añadió, recordando al delegado que, en su momento, consideró que era "estupendo por los ayuntamientos" porque "aumentaba la corresponsabilidad fiscal, conseguía la suficiencia financiera, aumentaba la autonomía tributaria de los ayuntamientos y aumentaba su independencia normativa sobre los impuestos propios".

    Así, opinó que en realidad, el PP "intenta escudarse una vez más en la financiación local para tapar el gran déficit económico del ayuntamiento y del problema grave por su incapacidad para solventarlo", algo que Bravo negó recordándole que la situación de asfixia financiera no es exclusiva del Consistorio madrileño sino de todas las corporaciones locales del país.

    "Claro que es necesario un nuevo modelo de financiación, pero hay que separar el grano de la paja. Algunos lo pasan mal con una buena situación económica y otros que arrastran una mala situación económica por su mala gestión", concedió entonces el socialista, aunque reprochó a Bravo que, "tras dejar la FEMP, ahora venga a plantear medidas al margen de la interlocutora de todos los ayuntamientos".

    Finalmente, se preguntó si con sus "lloriqueos" el delegado está intentando "justificar una nueva subida de impuestos el próximo año", y el delegado respondió que la reforma de la Ley efectuada por el PP fue "parcial" y que su intención no es "lloriquear, sino mostrar que la situación ahora es peor que en 2003".

    "Además, no digo cosa distinta de lo que dice la FEMP, que en el libro de expertos votado por unanimidad el año pasado decía que lo correcto sería simplemente restringir al máximo las exenciones y bonificaciones, y dejar sólo los intereses muncipales, las familias numerosas y el medio ambiente".