1 de abril de 2020
29 de septiembre de 2008

Becara.- Henríquez de Luna replica al juez que la competencia de las licencias de la tienda corresponde a Urbanismo

Granados expresa "la confianza de los afiliados del partido en la absoluta inocencia" del edil popular

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal-presidente del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, se escudó hoy durante su declaración ante el juez Santiago Torres por el 'caso Becara' que la competencia de las licencias tramitadas para esta tienda de muebles, situada en el número 18 de la calle Juan Bravo, corresponde al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, lo cual, según reconoció, "no quiere decir que sean absolutamente legales".

El edil popular, que fue el impulsor del proceso de las primarias, contó con el respaldo del Gobierno de Esperanza Aguirre, escenificado en la figura del secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. En las puertas de las dependencias judiciales, Granados expresó "el afecto y la confianza de los afiliados del partido en la absoluta inocencia" del edil popular. "Este asunto no tiene ni pies ni cabeza", espetó. Tras ello, entró en los Juzgados y subió a pie hasta la octava planta para acompañar al concejal.

Tras esperar casi cuatro horas, Henríquez de Luna compareció ante el magistrado como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias, lo que achacó a "una venganza" de la familia que denunció las presuntas irregularidades del local. Poco antes, declararon el ex jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo, Óscar Acero, el ex técnico de Urbanismo Fernando Ruiz Torrejón y el antiguo técnico del Área de Medio Ambiente, Miguel Ángel García Jodar.

Estos dos últimos se encuentran en libertad bajo fianza de 60.000 euros por su imputación en el 'caso Guateque'. Ahora, se les implica en el 'caso Becara' por intervenir en la tramitación de los expedientes de licencias de Becara con informes favorables.

Este procedimiento se inició a instancias de una denuncia interpuesta por María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano Goyeneche, vecinos del edificio de la calle Juan Bravo. Esta familia dio cuenta al juez Torres de una serie de irregularidades cometidas supuestamente por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la concesión de licencias a Becara.

La titularidad del local corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, S.L., cuyo apoderado es el ex diputado del PP Jorge Trias Sagnier, marido de una de las propietarias. El ex gerente de Urbanismo Luis Armada otorgó en 1998 y 1999 la licencia de obras y apertura. En marzo de 2000, Becara abrió sin licencia de funcionamiento porque se le denegó por quebrantar la normativa urbanística al ser un edificio calificado de fuera de ordenación.

Esta denominación obliga a mantener la misma actividad que tenía cuando se concedieron las primeras licencias. Anteriormente, la actividad era de compra y venta de vehículos. El inicio de funcionamiento de la tienda sin licencia propició que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase ilegal el local por infringir la norma urbanística. Por ello, el Alto Tribunal madrileño anuló en 2005 un permiso de funcionamiento que autorizó el Consistorio de Madrid.

LA JUNTA, INFORMADA DE LAS IRREGULARIDADES

En su comparecencia, el edil popular insistió en que la Junta Municipal no tramitó ninguna licencia para Becara, puesto que la competencia le corresponde a la Gerencia de Urbanismo, según indicaron fuentes jurídicas. Adujo que el departamento que dirige Pilar Martínez se encargó en diciembre de 2006 de una solicitud de modificación del local para reestructurar las plantas del mismo. Ello, según el concejal, obligó a "Urbanismo a ocuparse del resto de las licencias", entre ellas la de funcionamiento.

Admitió que la Junta de Salamanca fue informada de que la tienda no tenía ninguna licencia de actividad, si bien aclaró que esta incidencia se remitió al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Además, contó que un funcionario de este departamento emitió un informe a favor de que la competencia debía ser para la Junta Municipal del distrito de Salamanca. Tras ello, Henríquez de Luna se reunió con Pilar Martínez, quien finalmente desautorizó el escrito del citado empleado municipal.

Tras concluir su declaración, el edil popular salió satisfecho del Juzgado al considerar que "todo" quedó "perfectamente claro". "Creo que mi obligación, como la de cualquier cargo público, es colaborar con la Justicia. Espero que este tema sea archivado porque no tiene fundamento jurídico ni de ningún tipo", aseveró.

Arguyó que "todas las licencias se tramitaron en Urbanismo" y añadió que ello "no quiere decir que sean absolutamente legales". Además, insistió en que su imputación se debe a "una venganza" de la familia Goyeneche porque "la Junta les precintó una oficina que tenían en la segunda planta". "Estoy convencido que se hará justicia. Por fin he podido aclarar todos los extremos sobre esta desgraciada imputación en la que me he visto incurso", concluyó.

"UNA VENGANZA"

Desde que el caso salió a la luz, Henríquez de Luna ha defendido que su acusación respondía a "una venganza" de la familia denunciante, insistiendo en que la Junta Municipal de Salamanca "no intervino en la concesión de esa licencia". Según el edil, la primera licencia se otorgó en 1998. Entonces, él no era concejal del Ayuntamiento de Madrid y todas las licencias se tramitaban en la Gerencia de Urbanismo.

Según la familia Goyeneche, el ex diputado Trías se jactaba de su amistad con Henríquez de Luna. Trías "se jactó en una reunión de vecinos de su amistad con Íñigo Henríquez de Luna, llegando incluso a ofrecer a un vecino su ayuda para un asunto dada la amistad que les unía. En distintas ocasiones se jactó también de su amistad con los señores Álvarez del Manzano y Ruiz-Gallardón", según los Goyeneche.

El concejal del distrito de Salamanca aseguró en su día que no mantiene "amistad alguna" con Trías y recordó que contra él la Junta Municipal de Salamanca "tiene un procedimiento de cese y clausura de un despacho profesional".