MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, un colectivo que se dedica a luchar contra las identificaciones policiales a extranjeros en el Metro o en la vía pública, ha criticado este lunes que el Ministerio de Interior y la Dirección General de la Policía "acabe de descubrir que llevan años haciendo algo ilegal", en referencia a la orden de acabar con las identificaciones masivas y redadas contra inmigrantes.
Las Brigadas han señalado que las redadas racistas "ya eran ilegales" antes de la publicación de esta circular, al igual que, a su juicio, ilegal era "conducir dependencias policiales a personas que se hubiesen identificado adecuadamente, aún cuando su situación administrativa fuese irregular, como quedaba expreso en el artículo 20 de la ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana".
"Ya era ilegal establecer dispositivos indiscriminados de control social, los controles en las vías, lugares o establecimientos públicos al objeto de proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos porque están permitidos sólo para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social, según el artículo 19 de la misma ley", han señalado.
A este colectivo no le queda claro, tras la orden del ministro, que se terminen este tipo de actuaciones policiales. "De hecho, al decir que no podrá llevarse a dependencias policiales a quien se identifique correctamente, parece darse a entender que seguirán realizándose controles de identidad racistas", ha apuntado.
Las Brigadas de Observación de Derechos Humanos han insistido en que con esta circular "queda reconocida explícitamente una práctica discriminatoria e ilegal ejercida por los aparatos del Estado que ha supuesto la violación de derechos y libertades fundamentales".
Por tanto, se ha preguntado si alguien asumirá alguien responsabilidades, si se reparará el daño causado a las personas cuyos derechos y libertades han sido violados o si se eliminarán las denuncias y sanciones interpuestas contra quienes han denunciado estas prácticas.
Por último, el colectivo considera que las actuación del Ministerio "responden a la presión social, a las denuncias de organizaciones sociales y las prácticas de desobediencia de numerosas personas cuestionando las redadas han sido efectivas".
