MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Cada una de las Entidades de Control de las Licencias Urbanísticas (ECLU) que trabajará codo con codo con el Ayuntamiento de Madrid deberá suscribir seguros de responsabilidad civil próximos a los 1,3 millones de euros, confirmó el área de Hacienda en la última comisión del ramo.
Éste era uno de los requisitos exigidos por el Ayuntamiento de la capital para poder convertirse en ECLU y participar en el proceso con el que la Administración pretende dar mayor agilidad a la concesión de licencias urbanísticas.
Hasta tres colegios profesionales --el de Ingenieros Industriales de Madrid, el de Ingenieros Técnicos Industriales y el de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación-- han obtenido ya el informe favorable para ejercer como empresa certificante y tramitar, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, el proceso de concesión de licencias. Estos tres colegios han creado sus propias empresas de certificación y se unen a la casi treintena que han obtenido la debida aprobación.
La nueva Ordenanza de Licencias Urbanísticas, aplicable en principio a los expedientes de actividad empresarial y que da entrada a las entidades certificantes privadas, fue aprobada en el mes de junio y ya desde antes estuvo marcada por la crítica, encabeza por colegios profesionales, como el de arquitectos, y por la oposición.
De hecho, el Grupo Municipal Socialista de Madrid presentó un recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza ya que consideran que "institucionaliza" el 'caso Guateque' y "no solventa el caos y el retraso que existe en el Ayuntamiento con las licencias de actividades".
ENMIENDAS A LA TOTALIDAD
El malestar de PSOE e IU se hará patente de nuevo en el Pleno municipal de la próxima semana, donde presentarán ambos grupos una enmiendas a la totalidad del reglamento, a las que se sumará la del PSOE contra el presupuesto de la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades para 2010.
La nueva Agencia, concebida como organismo autónomo del Ayuntamiento, echará a andar con un presupuesto inicial de 1.006.000 euros procedentes de la partida de Imprevistos, cantidad que será modificada y ajustada conforme vaya avanzando el ejercicio, confirmó a Europa Press semanas atrás el delegado de Hacienda, Juan Bravo.
En el próximo ejercicio, la Agencia ya contará con su propio presupuesto como organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid, lo mismo que ya ocurre con otras empresas de este tipo, como la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) o Madrid Espacios y Congresos.
Así, de este millón de euros la mayor parte (casi 800.000 euros) estará destinada a la dotación inicial del centenar de puestos de trabajo de la estructura de la agencia, que se cubrirán con funcionarios municipales. Con este organismo autónomo se tramitará una cuarta parte de los expedientes de solicitudes de permisos de actividad que lleguen al Ayuntamiento de Madrid a partir del próximo 1 de abril.
SISTEMA INFORMÁTICO
Por otro lado, el departamento de Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) está desarrollando un sistema informático para que el Consistorio y las Entidades de Control de Licencias Urbanísticas (ECLU) puedan compartir de manera fácil y segura la información necesaria para conceder los permisos urbanísticos.
Con la agencia se pretenden simplificarán los procesos para los empresarios que quieran poner en marcha nuevos negocios. La primera fase del procedimiento, en vigor desde el 1 de abril, se destinará a las comunicaciones previas y a las de implantación y modificación de actividad. La segunda, que arrancará en abril de 2011, supondrá la culminación del proceso dando cabida a todos los procesos ordinarios regulados por la Ley del Suelo.
El responsable de la Hacienda municipal ya aseveró que los nuevos costes estarán por debajo de las tasas que actualmente pagaban los emprendedores al Ayuntamiento. Para ello, la ordenanza establece unas tarifas máximas que no pueden superar las entidades privadas. Su campo de competencia estará ahora en los precios que fijen y en los servicios añadidos que puedan prestar como, por ejemplo, la recogida del proyecto en la propia sede del emprendedor.
También se reducirá drásticamente los plazos temporales. Bravo aseguró que dentro de la primera fase --la que compete a comunicaciones previas e implantación y modificación de actividad-- las entidades emitirán en 15 días los certificados de conformidad por las empresas acreditadas gracias al sistema informático en el que trabaja en estos momentos el Ayuntamiento trasladando entonces la solicitud a la nueva Agencia. Para el resto de procesos se baraja un periodo de dos meses para la emisión del correspondiente certificado.
