El consejero pedirá una reunión con el nuevo delegado del Gobierno y entiende que la ley hace "imposible ser efectivos" con la ley actual
MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La okupación de viviendas de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid ha caído un 75 por ciento en los últimos meses tras la estrategia de lucha contra la usurpación que abandera el Ejecutivo autonómico y que ha provocado un "efecto disuasorio".
Así lo ha expuesto el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en una entrevista con Europa Press, en la que ha remarcado que a raíz de la okupación de estas viviendas --más de 2.000 repartidas por la región-- el Gobierno regional se gasta más de 3 millones de euros en seguridad y en reforzar puertas con placas metálicas para que "no puedan darle una patada y entrar".
"Es caro hacerlo, pero más caro son tres años de litigio con un okupa hasta que consigues sacarlo. Estamos invirtiendo para que no nos okupen algunas casas, también poniendo seguridad, porque cuando se termina un edificio y se produce la adjudicación a las familias que la van a ocupar es un momento crítico", ha expuesto.
Pérez ha destacado también que se están "reduciendo los plazos" para que cuando una vivienda esté lista "sea ocupada inmediatamente por la familia legítima".
PENDIENTE DE UNA REUNIÓN CON DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Para tratar este fenómeno solicitaron "hace meses" una reunión con la Delegación del Gobierno, una institución que entiende que de momento está "en proceso de interinidad", por lo que comprende la demora. "El nuevo delegado --José Manuel Franco-- ha tomado posesión esta semana, vamos a dejar que se asiente pero probablemente reiteremos esta semana la solicitud", ha destacado el titular de Vivienda.
Así, ha remarcado que este encuentro es "vital" para poder dar una respuesta "conjunta, decidida y contundente" entre las distintas administraciones implicadas, desde la local hasta la central; ya que hay gente con su vivienda "usurpada" por la okupación ilegal. Para garantizar esta coordinación han creado junto a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas una mesa de trabajo a través de las que han mantenido reuniones con instancias como el Decanato y Fiscalía; además de elaborar protocolos y decálogos para hacer frente a este fenómeno.
Entre los objetivos del Gobierno autonómico se encuentra también solicitar al Ejecutivo central que cambie la legislación para agilizar los tiempos. La propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que plantearía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se pudiesen realizar lanzamientos en 12 o 24 horas.
"Con la legislación actual es imposible ser efectivos a la hora de desalojar una vivienda, se tarda demasiado, es demasiado complicado, no siempre se consigue y mientras, familias se encuentran en situaciones que no son aceptables en una democracia y tenemos que estar las administraciones dándoles una respuesta", ha planteado David Pérez.
UN FENÓMENO "FOMENTADO" POR PARTE DEL ESPECTRO POLÍTICO
A continuación, ha lamentado que "durante demasiado tiempo" se haya sido "demasiado condescendiente" con la okupación, "por motivos políticos" desde "determinados sectores" del espectro político, que, desde su punto de vista, no solo lo consideran "justificable", sino que lo "han fomentado".
"Partiendo de que alguna alcaldesa de una gran ciudad española era okupa directamente, a partir de ahí podemos entender muchas cosas. Al final este fenómeno es algo ilegal que siempre va a tener un perjudicado una vez será una familia y otra la Administración", ha deslizado el titular de Vivienda y Administración Local en referencia a la regidora de Barcelona, Ada Colau.
En esta clave, ha reafirmado el compromiso de su Ejecutivo autonómico con oponerse "frontalmente" a la okupación, pero que se deben atender y estudiar cada caso individualmente, porque hay situaciones singulares como "una familia en la que fallecen los adjudicatarios y sus hijos que reúnen, en algunos casos, situaciones muy dramáticas, se han quedado en esa vivienda".
"¿Podemos considerar al mismo nivel esa okupación que administrativamente lo es con la okupación de las mafias o la ideológica de los antisistema o de la patada en la puerta sin respetar el ordenamiento jurídico? Somos un Estado Social, pero también de derecho y aquí tiene que velar por la ley", ha zanjado Pérez.
