22 de enero de 2020
7 de septiembre de 2009

Cañada.- Los ayuntamientos no descartan ir a los tribunales si la Comunidad tramita la Ley

Los ayuntamientos dejarán las parcelas como zonas verdes tras su desafectación para evitar que se construya en ellas Aseguran que no se trata de "insumisión" sino de "recuperar el consenso" y solucionar el problema social antes de vender el suelo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid acudirán a los tribunales si la Comunidad de Madrid sigue adelante con la tramitación del anteproyecto de Ley para la Cañada Real en los términos en que está redactado actualmente, permitiendo la venta de los suelos antes de haber solucionado el problema social.

El nuevo texto, modificado de manera unilateral por el Ejecutivo autonómico, permite que, en el plazo de dos años, se puedan vender los suelos ocupados sin acuerdo social previo, lo que a su juicio podría interpretarse como un premio para quienes ocuparon ilegalmente este espacio público, y que favorecerá a una minoría con capacidad adquisitiva suficiente para comprar el suelo, bien sea para recreo, actividades económicas irregulares o vivienda.

La delegada de Urbanismo de Madrid, Pilar Martínez (PP), y el alcalde de Rivas, José Masa (IU), comparecieron hoy ante la prensa tras manifestar sus alegaciones al Consejo Económico y Social (CES) de la región, reunión en la que también estuvo presente el asesor de Coslada Joaquín López (PSOE).

Así, aseguraron que su oposición al texto no es "un acto de rebeldía o una insumisión" sino "un acto digno" de los ayuntamientos, que se han sentido "engañados", para intenta "recuperar el consenso" anterior y solucionar el problema social antes de vender los suelos de la vía pecuaria.

Para salir de este atolladero, los tres responsables municipales consideran que debe convocarse de nuevo la mesa de negociación para "volver a la senda del diálogo", retomar directamente el documento consensuado que se aprobó el pasado 7 de julio o "no tramitar la Ley", dado que la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, se comprometió a "no aprobar ningún texto que no tuviera el consenso de todos", tal y como recordó Martínez.

"Si es un error, rectifíquese y convóquese la comisión de negociación; si no, le decimos a Aguirre que ha incumplido el acuerdo y que pone a los ayuntamientos en situación de reprobar y rechazar su actuación", zanjó el primer edil ripense.

MENSAJE EQUÍVOCO

A su parecer, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, cree que vendiendo los terrenos de la Cañada solucionará el problema, pero aseguran que sólo lo trasladará a los ayuntamientos, que tomarán medidas para impedirlo como, por ejemplo, no recalificar las parcelas tras su desafectación para que continúen siendo zonas verdes y nadie pueda construir en ellas.

"Impediremos que se produzca la tropelía de poder regalar o vender los suelos a ocupantes que no reconocemos como tales", proclamó de manera tajante el alcalde de Rivas. Martínez avisó de que los dueños lo tendrán muy difícil para ganar su caso ante los tribunales, con lo que lo más previsible es que sus casas acaben siendo derribadas.

Y es que los tres consistorios temen que el texto provoque efectos indeseables, como elevar los costes económicos futuros para solucionar el problema pues habrá que negociar con nuevos propietarios, incremento de las disputas jurídicas, asentamiento de clanes de la droga con títulos de propiedad de parcelas e incentivos a la ocupación ilegal de otros bienes de dominio público de la región.

"Si se tramita esta Ley, los ayuntamientos advertimos a los posibles compradores de que ejerceremos todas las competencias urbanísticas que tenemos para que el suelo siga estando especialmente protegido. No permitiremos la especulación, no incentivaremos la ocupación ilegal de cañadas, ese suelo nunca será residencial. Quien compre esos suelos tendrá zonas verdes y el problema quedará consolidado", advirtió la delegada de la capital.

Su principal temor es que se consoliden los problemas actuales de medioambiente, seguridad, exclusión social, etcétera. Por ello, esperan que se pueda retomar el acuerdo ahora que "la tramitación de la ley todavía puede ser parada". "Pero si Aguirre decide llevarla adelante --sus planes son aprobarla en noviembre-- la llevaremos a los tribunales para reclamar que cumpla sus obligaciones", aseguró tajantemente Masa.

"Pero no nos gustaría tener que hacerlo, sino que preferiríamos que, en breve, pudiéramos sentarnos y retomar el acuerdo", continuó, algo con lo que coincidió Pilar Martínez, quien tampoco quiere "llegar a eso". "En 40 años no ha habido encuentro y ahora hay un consenso frágil. Cada administración, con su llave, puede abrir o cerrar la puerta para dejar que este problema viva indefinidamente", apostilló la delegada.

Ella aún no quiere mirar tan lejos ni pensar en denuncias jurídicas, aunque reconoció que la ley estaría de parte de los ayuntamientos en este asunto porque la Comunidad de Madrid tiene competencias sobre la Cañada al menos por ocho leyes, entre otras, las de Servicios Sociales, Infancia y Adolescencia, Suelo, Vivienda o Integración, sin mencionar el propio Estatuto de Autonomía.

RAZONES PARA DESDECIRSE

Sobre las razones que han podido llevar al Ejecutivo autonómico a desdecirse de su compromiso, "aprovechando el mes de agosto" para ocultárselo a los consistorios, según Masa, quien no tuvo conocimiento del cambio hasta la semana pasada, ninguno de los representantes municipales se explica lo ocurrido.

"Han añadido algo que parece inocuo pero es muy importante. Al poder vender los terrenos sin intervención social no se resuelve el problema, sino que se agrava", indicó Martínez, especulando con que las motivaciones del Ejecutivo regional pueden estar en la línea de poder vender a ciertas personas las parcelas donde ya han levantado verdaderos palacetes.

Masa, por su parte, fue mucho más explícito: "Puedo hacer una interpretación malévola: que la Comunidad, con la desafectación, cree ilusoriamente que se quita el problema. Que al regalar, vender o enajenar los terrenos transfiere el problema a los ayuntamientos. Pero Rivas nunca se hará cargo y seguirá existiendo el problema social, que seguirá siendo su competencia", proclamó.

Además, manifestó su "sorpresa" y "frustración" por el cambio de actitud de Aguirre, de quien pensaba que "estaba negociando de buena ley". "Ahora, sin saber por qué, se baja del burro, cambia de actitud y cambia todo el sentido del contenido de una ley que representaba un compromiso muy importante de todas las administraciones. Aguirre, desde la irresponsabilidad, pone en riesgo la solución del problema", apostilló.

Por último, insistieron en su petición de que la presidenta autonómica "vuelva a la cordura y al sentido común", se pusieron al servicio de la solución y recordaron que sin la condición sine qua non de tramitar primero los temas sociales, antes de cualquier trámite jurídico con los suelos, los ayuntamientos no darán su visto bueno a este proyecto.